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Salario mínimo 2026: así reaccionaron los gremios ante el alza del 23.78%

El aumento del salario mínimo al 23.78% para 2026 desató un fuerte debate entre el Gobierno Nacional y los gremios, que advierten riesgos inminentes.

Bajo el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, el Gobierno de Gustavo Petro fijó el salario mínimo de 2026, denominado 'salario vital', en 2 millones de pesos, incluido el auxilio de transporte. La decisión, una de las más altas en décadas, reactivó el debate económico por su inminente impacto en empleo, costos e inflación.

En ese sentido, el salario quedó en $1.750.905, lo que equivale a un aumento nominal de $327.405 frente a 2025 y a un incremento del 23.78%. A este valor se suma un auxilio de transporte de $249.095. El Gobierno Nacional incorporó además referencias técnicas que sitúan la brecha de suficiencia material en 22,7% y el crecimiento real del ingreso en 18,7%, descontada la inflación proyectada, cifras utilizadas como insumos metodológicos dentro del análisis, pero que no corresponden al porcentaje decretado.

DECRETO 1469 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025

Gobierno defiende el salario vital como política social

Desde el Ejecutivo, la decisión se enmarca en una visión de justicia social orientada a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, en línea con el concepto de salario vital definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El anuncio, sin embargo, activó de inmediato las alertas de los gremios empresariales y sectoriales, que plantearon reparos técnicos y advirtieron sobre posibles presiones inflacionarias, sostenibilidad empresarial y riesgos para el empleo formal. (Salario mínimo 2026: gremios piden un acuerdo basado en técnica y realidad económica)

No obstante, Petro sostuvo que el salario vital busca garantizar un ingreso familiar digno, conforme a los principios laborales consagrados en la Constitución Política, y que el ajuste trasciende las variables tradicionales de inflación y productividad al incorporar el costo real de vida de los hogares como criterio central del análisis.

Desde su lectura, el incremento no debería trasladarse a los precios finales y el equilibrio económico debe alcanzarse mediante mayores niveles de productividad y ventas, con el objetivo de reducir la pobreza, aumentar el empleo, dinamizar la economía y avanzar hacia una distribución más equitativa de la riqueza.

“Van a caer insultos, van a decir que nos equivocamos, van a decir que se va a paralizar la economía, van a decir que saldrán muchos empleados a la calle. Hasta ahora, hasta este momento, tenemos la tasa de desempleo más baja de todo el siglo y una salida de la pobreza con niveles históricamente bajos. Y espero que el año 2026 sea aún mayor la caída del desempleo y de la pobreza”, afirmó el jefe de Estado.

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Gremios del turismo alertan por costos y cierres

Desde la Asociación Colombiana de Hoteles y Turismo (Cotelco), la reacción fue inmediata. Su presidente ejecutivo, José Andrés Duarte, advirtió que el ajuste “impactará de manera muy significativa la estructura de costos de un sector intensivo en mano de obra”, donde cerca del 70% del personal corresponde a equipos operativos. A su juicio, el incremento se suma a factores como la reducción de la jornada laboral, los mayores recargos dominicales y nocturnos y un entorno de alzas en energía, gas y servicios públicos.

La Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo (Acoga) planteó una advertencia aún más contundente al señalar que el decreto “no incrementa el salario mínimo, sino la cifra de cierres de restaurantes”. Según el gremio, el sector cerrará 2025 con 2.100 establecimientos clausurados, cifra que se agrega a más de 3.500 cierres desde 2023, en un escenario de inflación acumulada y limitada capacidad para trasladar costos a los precios finales.

En la misma línea, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés) sostuvo que el incremento salarial, sumado a arriendos, insumos y cargas regulatorias, “puede derivar en reducción de puestos de trabajo, menor contratación juvenil y mayor informalidad”, con especial impacto en micro y pequeñas empresas del sector.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) advirtió que el mayor costo laboral se suma a un contexto de desaceleración en algunos segmentos del turismo y puede impactar la operación de agencias pequeñas y medianas, en particular en regiones con menor demanda y altos niveles de informalidad.

Igualmente, el Consejo Gremial Nacional expresó su rechazo al incremento al considerar que no contribuye a resolver la informalidad laboral y, por el contrario, eleva los costos empresariales y fiscales. A juicio del organismo, un aumento de esta magnitud, sin respaldo en productividad, termina afectando el empleo formal y la estabilidad económica.

Comercio, industria y mipymes cuestionan la concertación

Para la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el ajuste fue “anticipado, unilateral y desproporcionado”. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, afirmó que “la Mesa de Concertación fue una farsa”, al considerar que no se tuvieron en cuenta las variables técnicas ni la productividad. (Salario mínimo 2026: una negociación que promete ser más difícil que otros años)

“Imponer un aumento de esta magnitud es pan para hoy y hambre para mañana; las improvisaciones se pagan con desempleo e informalidad”, sostuvo el dirigente gremial.

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Desde la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), el llamado se centró en la sostenibilidad del tejido empresarial. El gremio advirtió que el aumento “no guarda coherencia con la productividad real de la economía” y puede generar congelamiento de contrataciones, destrucción de empleo formal y mayor tercerización laboral.

“No puede construirse bienestar laboral sobre el debilitamiento del aparato productivo”, subrayó Acopi.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) también expresó inquietudes por el efecto del salario mínimo sobre inflación, precios y finanzas públicas. El gremio insistió en que la discusión salarial debe equilibrar protección del ingreso, sostenibilidad empresarial y estabilidad macroeconómica, en especial en una economía altamente indexada al salario mínimo.

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En ese mismo frente, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) advirtió que un incremento de esta magnitud puede afectar la competitividad empresarial, la inversión y la generación de empleo formal, en especial para las compañías con alta exposición a costos laborales y en un entorno de desaceleración económica. La entidad señaló que la política salarial debe guardar coherencia con la productividad y las condiciones reales del aparato productivo.

Por su parte, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) alertó sobre posibles efectos macroeconómicos, al señalar que el aumento del salario mínimo podría incidir en las expectativas inflacionarias, la indexación de precios y el costo del crédito, con impactos indirectos sobre el consumo, la inversión y la estabilidad financiera.

Un debate abierto para 2026: ¿una estrategia electoral?

El 'salario vital de 2026' se configura así como uno de los principales puntos de tensión entre el Gobierno Nacional y el sector productivo. Mientras el Ejecutivo defiende el ajuste como una herramienta para mejorar la calidad de vida y dinamizar la demanda interna, los gremios advierten que, sin medidas complementarias, el incremento puede acelerar cierres empresariales, informalidad y pérdida de empleo formal.

El pulso económico queda abierto en un año preelectoral, con una economía que deberá absorber uno de los aumentos salariales más altos de su historia reciente, en medio de costos crecientes y márgenes cada vez más estrechos.

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