Salario mínimo 2026: gremios piden un acuerdo basado en técnica y realidad económica

Este pronunciamiento coincide con un debate donde las primeras referencias oficiales apuntan a un incremento cercano al 7% a 11%, cifra que toma como base la proyección del Marco Fiscal de Mediano Plazo (7.1%) y las expectativas de inflación y productividad para 2026. Para los firmantes, la decisión va mucho más allá de un ajuste anual: afecta hogares, empresas y la competitividad nacional.

El salario mínimo como base para la protección social

De acuerdo con los gremios, el salario mínimo cumple una función esencial para quienes hacen parte del empleo formal, pues contribuye a garantizar condiciones laborales dignas. Su fijación incide en la demanda y oferta de trabajo, la competitividad empresarial, la sostenibilidad del sistema pensional y la salud de las finanzas públicas. Por ese motivo, consideran que la definición para 2026 debe ajustarse a los lineamientos constitucionales y legales, garantizando un ingreso vital y móvil que responda a la inflación y a la productividad.

Los firmantes también subrayan que esta herramienta no resuelve por sí misma los desafíos de distribución del ingreso. En un país donde el 55% de los ocupados es informal, y en zonas rurales esta cifra llega al 80%, el debate no puede separarse de la realidad del mercado laboral. La relación de cuatro trabajadores informales por cada persona que recibe salario mínimo refuerza la necesidad de centrar la discusión en las variables clave: inflación y productividad.

Inflación, productividad y efectos de incrementos desproporcionados

El comunicado recuerda que, en la economía moderna, los salarios se ajustan para compensar la inflación causada o esperada, y que las mejoras de productividad deben reflejarse en mejores ingresos, favoreciendo empleos estables y un entorno predecible para empresas y trabajadores.

Sin embargo, los gremios advierten que incrementos por encima de estas dos variables pueden generar resultados opuestos a los deseados: aumento de la informalidad, presiones sobre los precios y un impacto más fuerte en la población de menores ingresos. Los Observatorios Fiscal y Laboral de la Universidad Javeriana han llamado la atención sobre estos riesgos.

A esto se suma el impacto fiscal, ya que, como se mencionó anteriormente, el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025 proyectó un aumento del 7.1% en el salario mínimo. Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), cada punto adicional podría costar cerca de 240 mil millones de pesos en pensiones y alrededor de 600 mil millones en gasto total no financiado, una carga que terminaría asumiendo la Nación y los contribuyentes.

Un llamado directo a la Mesa de Concertación

En su documento, los gremios solicitan que la Mesa de Concertación avance hacia un acuerdo responsable, sustentado en evidencia técnica y en la situación económica real del país. El objetivo, señalan, debe ser proteger a quienes hoy tienen empleo formal sin cerrar oportunidades a quienes están desempleados o en la informalidad.

Los firmantes confían en que un diálogo transparente permita alcanzar un acuerdo justo, sostenible y coherente con la necesidad de impulsar un mercado laboral más dinámico, capaz de generar más oportunidades y contribuir a un crecimiento económico equilibrado.