Suspensión del salario mínimo 2026 desata reacciones del sector productivo

La determinación judicial establece que el nuevo acto administrativo deberá sustentarse en criterios legales como la inflación, la productividad, la capacidad de pago empresarial y el impacto sobre el empleo formal, mientras se analiza de fondo la legalidad del decreto inicial. (Se cae el salario mínimo 2026: Consejo de Estado tumba el decreto y exige nueva fijación)

Reacciones del sector empresarial a la suspensión del salario mínimo 2026

Desde el sector productivo, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) respaldó la decisión judicial y advirtió que el incremento del salario mínimo no contaba con un sustento técnico suficiente, lo que podría traducirse en riesgos para el empleo formal y la estabilidad de las empresas.

El gremio señaló que el decreto no explicaba con claridad el paso desde variables económicas que sugerían un ajuste cercano al 6.21% hacia un aumento del 23.7%, y advirtió que esta diferencia podría poner en riesgo cerca de 772.340 empleos formales. Además, recordó que más del 55% de las personas ocupadas en Colombia se encuentran en la informalidad, por lo que un incremento elevado podría trasladarse a mayores costos de producción y al aumento de precios de bienes y servicios. (Aumento salarial y reforma laboral presionan las empresas)

A este panorama se sumó el pronunciamiento de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que reiteró su preocupación por los efectos económicos y sociales derivados de la decisión del Gobierno sobre el salario mínimo. El gremio señaló que el país debe centrar sus esfuerzos en mitigar impactos sobre variables como el empleo y la inflación, así como en promover un entorno de mayor claridad jurídica frente a decisiones de este alcance.

La organización también indicó que decidió no demandar el decreto, al considerar que, en muchos casos, se trata de hechos cumplidos que como sociedad deben asumirse con responsabilidad, procurando minimizar sus consecuencias negativas. En ese sentido, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, advirtió que ya se han generado derechos que no deberían verse afectados y llamó a actuar con prudencia frente al manejo de la medida.

Asimismo, la agremiación señaló que, en el contexto actual, el país debe concentrar sus esfuerzos en contrarrestar los efectos que el incremento puede generar sobre variables como la inflación y el empleo, con el fin de preservar la estabilidad económica y proteger las oportunidades laborales de los colombianos. También subrayó la necesidad de que alrededor de este tema se genere jurisprudencia que brinde claridad jurídica y evite que situaciones similares se repitan en el futuro.

En la misma línea, el Consejo Gremial Nacional reiteró su respeto por las decisiones de las altas cortes y subrayó la importancia de mantener el equilibrio institucional y la seguridad jurídica. La organización también señaló que la fijación del salario mínimo tiene un impacto directo sobre variables como el empleo formal, la inflación, la sostenibilidad empresarial, el gasto público y el poder adquisitivo de los hogares, por lo que cualquier determinación debe adoptarse con base en criterios técnicos y dentro del marco legal vigente.

Asimismo, el Consejo hizo un llamado a que las decisiones sobre el incremento salarial consideren de manera integral la realidad económica del país, incluyendo factores como crecimiento, productividad, informalidad y capacidad de generación de empleo. También reiteró su disposición al diálogo institucional y técnico para construir consensos que contribuyan a la estabilidad económica y al bienestar de los trabajadores.

Por su parte, María Claudia Lacouture, exministra de Comercio, Industria y Turismo y actual presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) y de la alianza Aliadas, afirmó que la suspensión provisional debe respetarse y acatarse, y que la coyuntura abre un espacio para retomar el diálogo entre empresarios y trabajadores.

“La decisión adoptada por el Consejo de Estado respecto al Decreto 1469, mediante la cual se decretó su suspensión provisional, debe ser respetada y acatada”, señaló. Agregó que este escenario puede facilitar la construcción de un acuerdo salarial que dé seguridad jurídica, proteja el ingreso y preserve el empleo formal.

Voces políticas y sindicales

Desde el Gobierno, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el decreto continúa vigente mientras no se expida una nueva norma, por lo que el ajuste salarial debe aplicarse desde enero de 2026. También defendió el principio de progresividad de los derechos laborales y la protección del ingreso de los trabajadores.

Por su parte, la Unión Sindical Obrera (USO) rechazó la suspensión del aumento al considerar que genera incertidumbre jurídica y afecta el salario mínimo vital y móvil de millones de trabajadores. La organización pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro expedir un nuevo decreto con el mismo o mayor ajuste.

En esa misma línea, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) calificó la decisión judicial como “un acto de injusticia social” y solicitó al presidente Gustavo Petro mantener el incremento salarial propuesto para 2026 mediante un nuevo acto administrativo.

Petro defiende el salario vital y llama al diálogo con gremios y sindicatos

Mientras el Gobierno Nacional prepara el decreto transitorio ordenado por el Consejo de Estado, el debate sobre el salario mínimo se mantiene abierto entre empresarios, dirigentes políticos y organizaciones sindicales, en medio de discusiones sobre informalidad laboral, costo de vida y generación de empleo formal. (Salario mínimo: un decreto, 15 demandas y un debate que se agudiza)

La expedición de la nueva norma marcará el rumbo inmediato de la política salarial en 2026 y definirá el alcance de la decisión judicial en uno de los temas más sensibles para la economía y el mercado laboral del país.

En su alocución dominical, el presidente explicó que la suspensión del decreto del salario mínimo vital no tiene efecto inmediato y que el magistrado otorgó ocho días para expedir un decreto transitorio mientras se resuelve de fondo la decisión judicial. Además, reafirmó que el salario vital se mantiene vigente, fundamentó su postura en la sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional y rechazó que el aumento salarial afecte empleo o inflación, citando un análisis que califica como sólida la trayectoria laboral del país.

Adicionalmente, convocó a empresarios, sindicatos y la ciudadanía a participar en un diálogo y movilización el jueves 19 de febrero a las 4 p.m. en todas las plazas del país, en defensa del salario vital, como parte del llamado que denominó un “pacto por la vida". Finalmente, informó que hoy se reunirá con el ministro de Trabajo y la Comisión de Concertación, integrada por gremios y centrales obreras, para avanzar en el diálogo sobre salario, tasa de interés, reforma a la salud y régimen pensional.

De hecho, según un reciente mensaje del Ministerio de Trabajo en su cuenta oficial de X, junto a los ministros de Hacienda y Trabajo se avanza en la Comisión de Concertación con sindicatos y empresarios para proteger el salario vital de quienes sostienen el país con su trabajo.