María Claudia Lacouture hizo hincapié en que ha sido oportuna la resolución del Gobierno Nacional que exige a los viajeros internacionales la certificación del cuadro completo de vacunas o, en su defecto, prueba PCR o antígenos con máximo 72 horas de antelación.
María Claudia Lacouture: Discriminación injustificada
Sin embargo, es una lástima que se hagan excepciones y que la resolución no se aplique de forma igualitaria a todos los productos turísticos del país, como ha sucedió con los cruceros, a los cuales se les han establecido normas de todo tipo -algunas bastante creativas- para su llegada a los puertos colombianos, además de estar obligados a cumplir ambos requisitos, como si la vacuna bastara para los aviones de pasajeros y los barcos de carga, pero no para los cruceros.
Lo que se ha podido percibir es que a pesar de que los cruceros implican menos riesgos porque antes de atracar ya han notificado si tienen casos en cuarentena, solo desembarcan quienes no presentan síntomas, su estancia es muy corta comparada con los demás turistas, no saturan en ningún caso el sistema salud y cuentan con rigurosos controles a bordo y durante los desembarcos.
Ni a las aerolíneas se les exige tanto y mucho menos a los eventos en tierra con participación masiva, donde se ven las aglomeraciones sin siquiera tapabocas.
Los cruceros no esperan privilegios, apenas que se les dé un trato igualitario. Un crucerista, además de tener 100% garantizados los protocolos en el barco, al desembarcar visita los sitios turísticos en grupos manejables, con el debido distanciamiento y con la seguridad de cumplir la normativa local. No son los que infectan, son a quienes infectan. No obstante, en el barco existen los procedimientos necesarios para mantener el control, aislar los nuevos casos y continuar con el recorrido.
Los casos identificados de Covid en cruceros constituyen una ínfima minoría de la población total a bordo -mucho menos que en tierra firme- y la mayoría de estos casos son asintomáticos o de naturaleza leve, lo que representa poca o ninguna carga para los servicios médicos a bordo, expresó en un comunicado la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), que aglutina al 90% de las compañías con cruceros oceánicos.
Realmente la discriminación contra los cruceros es injustificada, desproporcionada y arbitraria, y socava el trabajo que se ha venido haciendo para que regresen los cruceros al país.
Solo las cuatro principales compañías de cruceros (que representan el 94% del total de los que arriban a Cartagena) dejan un impacto económico de unos US$ 30 millones por temporada en la ciudad.
Esas mismas compañías están analizando la posibilidad de suspender las recaladas en Cartagena, que suponen 230 mil pasajeros por temporada, si no se suspenden las medidas discriminatorias. En las últimas semanas ya se produjeron 27 cancelaciones.
En Cartagena el descontrol, las fiestas, la no exigencia del uso del tapabocas y la irregular exigencia del carné de vacunaciones ha multiplicado el número de casos. Entonces es muy difícil entender la lógica de las autoridades con quienes sí cuentan con los más estrictos protocolos de bioseguridad. Parecería más una retaliación o la búsqueda de una excusa para justificar todo lo demás.
Y si bien los científicos advierten que esta variante podría ser el peor desafío para la salud pública de nuestros tiempos, por lo cual debemos tomar las medidas necesarias y ser muy cuidadosos y responsables, también es cierto que en lo posible debemos tener en funcionamiento la estructura económica del país y evitar al máximo regresar a la paralización total. El turismo no aguantaría una nueva crisis de parecidas proporciones.
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