Gobierno Nacional alista emergencia económica: claves de la estrategia

La medida busca cubrir un faltante cercano a los $16 billones y permitir ajustes fiscales de corto plazo con impacto directo en la ejecución presupuestal de 2026.

El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, al término de la más reciente Junta Directiva del Banco de la República, en la que se mantuvo la tasa de interés en 9.25%. Allí, el funcionario explicó que el desequilibrio fiscal no responde a una caída del recaudo tributario, sino a que los ingresos crecieron por debajo de lo proyectado cuando se estructuró el presupuesto.

Según el Ministerio, la base de ingresos utilizada para el Presupuesto General de 2025 resultó sobreestimada frente al comportamiento real de la economía, lo que terminó afectando las cuentas fiscales y llevó a buscar salidas alternativas luego de que el Congreso negara la Ley de Financiamiento. (Dos elementos clave para el turismo se libran de impuestos en el Presupuesto General: ¿cuáles son?)

Del anuncio al decreto: la emergencia ya fue declarada

El escenario dejó de ser hipotético el pasado 22 de diciembre, cuando el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional por un periodo inicial de 30 días calendario, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 215 de la Constitución Política.

La declaratoria autoriza al Ejecutivo a expedir decretos legislativos con fuerza de ley, orientados exclusivamente a conjurar la crisis económica y a impedir la extensión de sus efectos. Estas medidas deben guardar una relación directa y específica con las causas invocadas y tendrán carácter transitorio.

Facultades fiscales y foco en la obtención de ingresos

El Decreto 1390 establece que las medidas que se adopten para enfrentar la crisis estarán relacionadas, entre otros frentes, con la necesidad de obtención de ingresos, mediante impuestos directos e indirectos aplicables a personas naturales y jurídicas con mayor capacidad contributiva.

Asimismo, se contempla la adopción de tributos orientados a corregir externalidades negativas en asuntos ambientales y de salud pública, una línea que anticipa ajustes en impuestos al consumo, como licores y tabaco, y que conecta con los planteamientos ya contenidos en la fallida Ley de Financiamiento.

Emergencia económica tras el revés legislativo

El escenario fiscal de 2026 estará condicionado por varios factores concurrentes. Entre ellos, la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, que restringe la contratación pública, y la aprobación de un presupuesto por $569.9 billones que incorporaba ingresos derivados de la Ley de Financiamiento, pese a que esta fue rechazada posteriormente por el Legislativo.

Ávila Plazas sostuvo que no existen antecedentes recientes en los que el Congreso haya aprobado un presupuesto sustentado en una Ley de Financiamiento que luego fuera negada, lo que, en su análisis, dejó compromisos de gasto sin una fuente clara de financiación. No obstante, desde distintos sectores se ha advertido que la pérdida de una votación en el Congreso hace parte del funcionamiento regular del sistema democrático y no constituye, por sí misma, un hecho excepcional.

Cuestionamientos jurídicos y alcance constitucional

El debate sobre la procedencia de la emergencia económica se trasladó rápidamente al terreno jurídico e institucional. María Claudia Lacouture, exministra de Comercio, Industria y Turismo y actual presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo Americana de Comercio (AmCham Colombia), señaló que la situación fiscal del país es frágil, pero estructural y previsible, derivada de decisiones de gasto y endeudamiento, y no de un choque súbito o sobreviniente.

En esa misma línea, gremios como Fenalco han advertido que la negativa del Congreso a una ley de financiamiento no cumple los estándares constitucionales exigidos para declarar un estado de excepción. Para el sector comercio, acudir a una emergencia económica en este contexto podría desdibujar la separación de poderes y convertir un mecanismo excepcional en un sustituto del trámite legislativo ordinario. (Reforma tributaria: recaudar y asfixiar)

Fenalco también ha alertado sobre los riesgos de que la declaratoria coincida con el periodo de vacancia judicial, dado que los decretos legislativos producen efectos inmediatos, mientras el control constitucional opera de forma posterior.

Impacto sectorial: alertas desde la gastronomía y el turismo

Con el decreto ya en vigor y con un énfasis explícito en la generación de ingresos tributarios, sectores intensivos en empleo y operación formal comenzaron a manifestar preocupación por los efectos económicos de las medidas que se adopten en su desarrollo. A las alertas provenientes del comercio y el turismo se sumaron las del sector de la economía nocturna, que anticipa impactos directos sobre su sostenibilidad.

Desde la Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo (ACOGA) se advirtió que eventuales incrementos en el gravamen a los movimientos financieros y en los impuestos a licores afectarían de manera directa la operación formal de restaurantes y establecimientos turísticos, en un contexto marcado por altos costos operativos e inflación persistente. En la misma línea, la Asociación de Bares de Colombia (Asobares) señaló que una nueva carga tributaria sobre los licores se sumaría a presiones ya existentes derivadas del aumento en los costos laborales, los arriendos, los impuestos territoriales y las recientes reformas económicas.

Para ambos gremios, el encarecimiento de productos que hacen parte del consumo habitual —como vinos, licores y destilados— impacta la demanda, reduce las ventas legales y termina incentivando prácticas como la informalidad, el contrabando y la adulteración, con efectos adversos tanto para el recaudo fiscal como para la estabilidad empresarial. Asobares recordó que este tipo de medidas históricamente no se traduce en mayores ingresos para el Estado, sino en una contracción del mercado formal y en la pérdida de empleo, especialmente entre jóvenes y mujeres, que constituyen una parte significativa de la fuerza laboral del sector nocturno.

El gremio de bares, discotecas y gastrobares también advirtió que trasladar el ajuste fiscal a uno de los principales insumos de su actividad económica compromete la viabilidad de miles de pequeños y medianos empresarios, muchos de ellos de carácter familiar, y afecta una cadena productiva que articula turismo, cultura, gastronomía y vida urbana en las principales ciudades del país. (Expobar 2025: "Regulación, no prohibición", la petición del gremio nocturno)

Estas preocupaciones se suman a las advertencias de otros sectores empresariales que coinciden en que el uso de instrumentos extraordinarios para resolver desequilibrios fiscales de carácter estructural puede generar distorsiones económicas difíciles de revertir en el corto plazo, además de debilitar los incentivos a la formalidad que el propio Estado busca promover.

Impuestos al consumo y riesgo de mayor informalidad

ACOGA también alertó que la combinación de mayores cargas tributarias y mayores exigencias administrativas castiga de forma desproporcionada a los negocios formales y favorece esquemas de economía de subsistencia. En su análisis, incentivar la informalidad aleja al país de objetivos de desarrollo económico y social, al tiempo que deteriora la base tributaria que el Estado busca proteger.

Este enfoque sectorial se suma a las advertencias de otros gremios empresariales, que coinciden en que el uso de instrumentos extraordinarios para resolver problemas fiscales estructurales puede generar distorsiones económicas difíciles de revertir en el corto plazo.

Control constitucional y próximos pasos

El Estado de Emergencia tendrá una duración inicial de 30 días y el Congreso de la República deberá ser convocado para ejercer control político una vez finalice su vigencia, conforme a lo dispuesto en la Constitución y la Ley Estatutaria de Estados de Excepción.

En paralelo, la Corte Constitucional realizará el control posterior de legalidad sobre el decreto declaratorio y sobre cada uno de los decretos legislativos que se expidan, evaluando su necesidad, proporcionalidad y conexidad. Mientras tanto, las medidas que adopte el Ejecutivo producirán efectos inmediatos, en medio de un debate que ya enfrenta al Gobierno con amplios sectores empresariales y gremiales del país.