Pasaportes: sin rumbo claro para sustituir a Thomas Greg & Sons, Contraloría prende las alarmas

El nuevo esquema busca reemplazar al modelo vigente durante más de una década, operado por la empresa Thomas Greg & Sons, cuyo contrato actual —firmado bajo urgencia manifiesta— finalizará el 31 de agosto de 2025. La intención del Gobierno es que el Estado asuma un rol más activo en la administración del servicio, priorizando la soberanía de los datos y la seguridad documental.

Para ello, el 18 de julio de 2025 se firmaron dos convenios clave: el Convenio Marco Interadministrativo de Cooperación No. 007 de 2025 y el Convenio Interadministrativo Específico No. 001 de 2025, entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional. El primero tiene como objetivo unir esfuerzos administrativos, logísticos y tecnológicos hasta 2036; el segundo, ejecutar el nuevo modelo de pasaportes hasta 2034. Este último establece como fecha límite de implementación el 31 de marzo de 2026. (Nuevo modelo de pasaportes: Cancillería e Imprenta Nacional oficializan convenio)

Pese a estos "avances", la Contraloría advierte que aún no hay claridad sobre los aliados estratégicos que acompañarán a la Imprenta en la producción de libretas, ni sobre las condiciones o mecanismos para su selección. A esto se suma la falta de contratos firmados para garantizar la continuidad del servicio tras el vencimiento del contrato vigente. La ausencia de estos elementos clave pone en riesgo el derecho a la libre locomoción consagrado en el artículo 24 de la Constitución y en el Decreto 869 de 2016, que regula las funciones consulares.

Fase II sin ejecución y Fase III en riesgo

El nuevo modelo contempla tres fases. Actualmente, se transita por la Fase II (octubre 2024 – agosto 2025), en la cual el Ministerio asume seis procesos del servicio (incluyendo citas, verificación y entrega), mientras que un socio estratégico se encarga de la producción y personalización. Esta etapa también incluye el inicio de cooperación internacional con Portugal, a través de un memorando de entendimiento firmado el 2 de octubre de 2024, con la Imprensa Nacional–Casa da Moeda S.A.

No obstante, al 3 de julio de 2025, la Cancillería reconoció que no se han evaluado libretas elaboradas por el aliado internacional ni por la Imprenta Nacional, lo que impide verificar si los documentos cumplen con estándares técnicos y de seguridad internacional exigidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Además, según informó la propia Imprenta, las actividades previstas en el memorando no han comenzado, ya que el acuerdo comercial derivado aún no está suscrito. (Imprenta Nacional rompe el silencio sobre los pasaportes: ¿está lista o no?)

Incumplimiento del cronograma y alto riesgo operativo

Pese a estar definido en los estudios previos, el cronograma inicial —que contemplaba ocho meses de transición entre enero y agosto de 2025— no se ha cumplido. La Contraloría alertó que, sin medidas extraordinarias, el país podría enfrentar una interrupción en la expedición de pasaportes desde septiembre de 2025. Esto tendría consecuencias graves para los ciudadanos y representaría un incumplimiento de funciones por parte del Estado.

Aun con la firma de los convenios de cooperación, la Imprenta no ha suscrito ningún contrato operativo ni ha presentado cronogramas detallados al Fondo Rotatorio, como exige el convenio específico. Adicionalmente, se introdujeron modificaciones sustanciales a los compromisos del memorando con Portugal, generando incertidumbre jurídica sobre el papel del aliado público extranjero y sobre la modalidad de contratación.

En ese sentido, La Contraloría reitera que la ausencia de avances reales y la falta de coordinación entre la Cancillería y la Imprenta Nacional podrían derivar en una crisis institucional que afectaría el derecho fundamental de los colombianos a circular libremente, dentro y fuera del país.