Otra vez en el ojo del huracán: Procuraduría pone en jaque el contrato de pasaportes

El organismo sostiene que el acuerdo vulnera principios de contratación pública, al haberse suscrito como convenio interadministrativo pese a implicar la selección indirecta de un tercero para prestar el servicio. Según la demanda, hubo una subcontratación integral del objeto adjudicado a la Imprenta Nacional, lo que, en criterio del Ministerio Público, debió tramitarse mediante un proceso competitivo y abierto.

La Procuraduría también pidió la devolución de recursos por parte de la Casa de la Moneda de Portugal —aliada técnica del proyecto— argumentando que, de declararse la nulidad absoluta, el proceso contractual debería retrotraerse “a la medida de lo posible”.

Pasaportes: una cadena de tropiezos

La contratación para la elaboración de pasaportes ha sido uno de los temas más complejos de la administración de Gustavo Petro. Las dos licitaciones convocadas inicialmente por la Cancillería fueron declaradas desiertas, tras advertencias de la Procuraduría y denuncias de presuntas irregularidades por parte de interesados.

El episodio terminó con la destitución del entonces canciller Álvaro Leyva, sancionado con diez años de inhabilidad. Tras la crisis, el Gobierno decidió estatizar la producción, que durante más de 18 años estuvo en manos privadas —especialmente de la firma Thomas Greg & Sons— mediante prórrogas sucesivas.

El presidente Petro defendió la necesidad de que la custodia de datos personales no permaneciera en manos privadas. Bajo la dirección del excanciller Luis Gilberto Murillo se encargó a la Imprenta Nacional asumir la producción, pese a no tener experiencia previa. Para suplirla, la Cancillería firmó un convenio con la Casa de la Moneda de Portugal para soporte técnico, con el objetivo de iniciar operaciones en septiembre de 2025, coincidiendo con el vencimiento del contrato vigente con Thomas Greg & Sons. (Nuevo modelo de pasaportes: Cancillería e Imprenta Nacional oficializan convenio)

En julio de 2025, la Procuraduría advirtió riesgo de desabastecimiento por falta de transición técnica adecuada, lo que incrementó la presión sobre la Cancillería. Posteriormente, la entonces ministra Laura Sarabia expresó públicamente su desacuerdo con el cronograma, indicando que la Imprenta aún no estaba en capacidad de asumir el proceso. Poco después presentó su renuncia. (Nuevo convenio de pasaportes en la mira: Procuraduría advierte riesgo de desabastecimiento)

Su sucesora, Rosa Villavicencio, formalizó el convenio con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal mediante el Fondo Rotatorio de la Cancillería, por valor de $1,3 billones, estructurando así la transición hacia producción estatal.

Costos crecientes y dudas operativas

La Procuraduría advirtió que los costos del nuevo convenio exceden ampliamente los contratos anteriores —$198.894 millones en 2023 y $206.878 millones en 2024— sin estudios técnicos que sustenten la cifra, lo que implicaría riesgo para el patrimonio público.

A esto se suma un reto logístico: el 24 de julio, la Cancillería solicitó adicionar $15.791 millones al contrato vigente con Thomas Greg & Sons, al no contar con presupuesto suficiente para cubrir la demanda de 2025. Con esta adición, el contrato llega a $222.670 millones, vigente hasta el 31 de agosto de 2025, dejando incertidumbre sobre la prestación del servicio antes del arranque del nuevo modelo en abril de 2026. (Faltan recursos para pasaportes y Cancillería hace millonaria solicitud)

La respuesta de la Cancillería

Ante la demanda, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado asegurando que aún no ha sido notificado oficialmente y que los convenios continúan vigentes.

“El inicio de un proceso contencioso no significa fallo en contra de la Cancillería ni impide la ejecución de los convenios firmados”, señaló la entidad.

El ministerio afirmó que la producción y entrega de pasaportes continúa con normalidad y que el servicio está garantizado.

“No hay, ni habrá, desabastecimiento de libretas. Damos un parte de tranquilidad a la opinión pública”, añadió.

La Cancillería reiteró que defenderá la legalidad del proceso contractual ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, de ser necesario, ante el Consejo de Estado.

Decreto 1099 de 2025: facultades plenas para la Imprenta Nacional

De forma paralela, el 17 de octubre, el presidente Petro sancionó el decreto 1099 de 2025, otorgando a la Imprenta Nacional la facultad plena para fabricar pasaportes y otros instrumentos de identificación.

El decreto reglamenta el artículo 5 de la Ley 109 de 1994, que obliga a las entidades del Estado a contratar sus impresos con la Imprenta Nacional. La norma especifica que la entidad producirá pasaportes, cédulas de extranjería, PPT, PEP y demás documentos migratorios, así como publicaciones de carácter legislativo, judicial y administrativo. (Pasaportes: Cancillería mantiene a Thomas Greg en el proceso de expedición, ¿hasta cuándo?)

El decreto mantiene excepciones previstas en la ley, permitiendo contratación con terceros cuando la Imprenta no pueda atender la demanda o cuando el sector privado ofrezca mejores condiciones, previa certificación de la propia entidad.

Un caso que pasa a etapa judicial

Tras la admisión de la demanda por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el expediente entra ahora en fase procesal. Las entidades demandadas deberán entregar los documentos contractuales y responder a los señalamientos del Ministerio Público.

Mientras la Procuraduría insiste en que el convenio viola los principios de competencia y transparencia, la Cancillería sostiene que el proceso es legal y que la producción de pasaportes continúa sin afectaciones.

Será la jurisdicción administrativa —y eventualmente el Consejo de Estado, si hay apelaciones— la que determine si el convenio interadministrativo celebrado con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal se ajustó o no a los principios de la contratación estatal.