Otro intento de reforma tributaria: Gobierno anuncia nuevo plan de financiamiento

“Para 2026, se requerirá la aprobación de una reforma fiscal que atienda las causas que motivaron el uso de la cláusula de escape y que garantice la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo”, señala.

La reforma busca no solo aumentar el recaudo, sino también corregir las causas estructurales del desbalance fiscal. El MFMP advierte que las tres reformas tributarias aprobadas entre 2019 y 2024 no lograron los resultados esperados, ya que el ingreso tributario solo pasó del 13.7% al 14.4% del PIB. Para 2026, se espera que los ingresos fiscales alcancen el 18.2%, en línea con estándares internacionales y con un sistema más progresivo.

No obstante, el Ministerio advierte que incrementar la carga tributaria sin avanzar simultáneamente en la eficiencia del gasto público podría generar efectos adversos sobre el crecimiento económico y la estabilidad fiscal.

Ante la controversia generada por esta nueva propuesta y el escepticismo frente a su viabilidad en un gobierno que ha tenido dificultades para sacar adelante otras iniciativas fiscales, el Ministerio de Hacienda utilizó su cuenta oficial en X (antes Twitter) para aclarar algunos puntos clave y moderar el debate. De hecho, uno de los temas más sensibles fue la discusión sobre el IVA. El MFMP no propone explícitamente aumentar la tarifa general al 26%, como circuló en algunos medios, pero sí contempla una revisión estructural del impuesto al valor agregado. El propósito estaría en reducir el gasto tributario asociado a exenciones y exclusiones de bienes y servicios, que en 2023 representó el 5.6% del PIB. La meta es mejorar la progresividad y eficiencia del sistema, sin que esto implique necesariamente un alza en la tarifa del IVA.

¿Qué cambios propone la nueva reforma tributaria?

Tras el archivo en diciembre de 2024 de un proyecto de reforma que aspiraba a recaudar $12 billones, el Gobierno plantea ahora una nueva iniciativa tributaria con un objetivo más ambicioso: recaudar $19 billones en 2026.

A diferencia del proyecto anterior —que contemplaba la reducción de la tarifa de renta corporativa del 35% al 27%, la eliminación del IVA para hoteles en municipios pequeños y la extensión de exenciones a sectores como energía, vivienda y transporte— la nueva propuesta abandona los beneficios fiscales sectoriales y se centra en una revisión estructural del sistema tributario.

El enfoque del Gobierno es avanzar hacia un "modelo más progresivo, equitativo y sostenible", que reduzca la dependencia de ingresos extraordinarios y fortalezca la capacidad fiscal del Estado. Se espera que los ingresos fiscales pasen del 17% del PIB en 2025 al 18.2% en 2026, en línea con estándares internacionales y con una base impositiva más sólida y predecible.

Este giro marca un cambio de paradigma: dejar atrás reformas puntuales de corto plazo para adoptar una estrategia tributaria integral que promueva estabilidad macroeconómica y confianza en el largo plazo.

¿Qué pasa con la regla fiscal?

La reforma de 2024 también proponía adelantar el cumplimiento de la regla fiscal de 2026 a 2025, además de incorporar una “regla fiscal verde” con instrumentos para financiar acción climática, entre ellos un ciclo fiscal verde y ajustes paramétricos anticipados.

Sin embargo, el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025 opta por un camino distinto: no suspende la regla fiscal, pero activa la cláusula de escape, una herramienta legal que permite mayor flexibilidad ante circunstancias excepcionales. Esta se aplicará durante 2025, 2026 y 2027, permitiendo gestionar el déficit sin sacrificar abruptamente la inversión pública. A partir de 2028, se espera retomar el cumplimiento de la regla con un déficit proyectado cercano al 3% del PIB.

El Gobierno aclara que esta cláusula no debe entenderse como una carta blanca para endeudarse, sino como una vía excepcional para implementar un ajuste fiscal gradual y responsable.

Críticas desde el sector privado

La combinación entre la cláusula de escape y la nueva reforma por $19 billones fue recibida con preocupación por parte del sector empresarial. María Claudia Lacouture, exministra de Comercio, Industria y Turismo y actual presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, cuestionó la coherencia del mensaje oficial.

Según la funcionaria, si el país está en recuperación y el gasto se mantiene bajo control, no se justifica aumentar la carga impositiva sin aplicar medidas claras de austeridad. Alertó que estas decisiones pueden generar incertidumbre jurídica, frenar la inversión privada y afectar la confianza empresarial.

En su opinión, Colombia necesita reglas claras, coherencia fiscal y señales que promuevan la inversión, el empleo y el crecimiento sostenible, no anuncios que contradicen los mensajes de estabilidad y reactivación.

Turismo: motor clave en la estrategia económica

En medio del debate fiscal, el turismo emerge como uno de los sectores estratégicos dentro del MFMP 2025. El documento lo identifica como clave para la reactivación económica, la transformación productiva y el equilibrio externo.

En 2024, las exportaciones de servicios turísticos crecieron un 13.2%, y para 2025-2026 se proyecta un aumento anual del 7.2%. Este dinamismo ayudó a compensar la caída en exportaciones minero-energéticas y ha contribuido a reducir el déficit en cuenta corriente.

Adicionalmente, el turismo fue incluido en la Política Nacional de Reindustrialización y en el Gran Acuerdo por las Exportaciones, consolidándose como uno de los pilares de diversificación económica. Para el periodo 2027-2036, se estima un crecimiento promedio del 7.1% anual en exportaciones de servicios turísticos.

En términos de inversión, los sectores de comercio, restaurantes y hoteles, donde se concentra buena parte de la actividad turística, registraron en 2024 un incremento del 28.6% en flujos de capital extranjero, confirmando el atractivo del país como destino para inversionistas globales.