El pasado 25 de noviembre, el Ministerio de Hacienda radicó ante las Comisiones Económicas del Congreso de la República una nueva versión de la reforma tributaria —o Ley de Financiamiento— con la que busca recaudar $16.3 billones. El documento llega en medio de un calendario legislativo apretado y un ambiente político que, según las mayorías actuales, tiende hacia el archivo del proyecto.
Ministerio de Hacienda: los cambios de la reforma tributaria que intentan sobrevivir en el Congreso
La reforma tributaria entra a debate con recortes en su articulado y un respaldo legislativo insuficiente que podría definir su archivo.
El Ministerio de Hacienda radicó una versión reducida de la reforma tributaria, aunque el ambiente político y los tiempos del Congreso juegan en contra de su aprobación.
Reforma tributaria, un trámite contrarreloj
Cinco días antes, el 20 de noviembre, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, había sostenido una reunión con los ponentes y coordinadores de las Comisiones Económicas para revisar los ajustes que debían incorporarse a la ponencia. Sin embargo, la agenda volvió a complicarse: un choque de horarios con una plenaria del Senado obligó a reprogramar la discusión y, finalmente, la Mesa Directiva anunció que la sesión conjunta prevista para la mañana del 26 de noviembre no se llevaría a cabo.
El debate terminó iniciando ese mismo 26 de noviembre a las 5:30 p.m., dentro de un cronograma que debe resolverse antes del 16 de diciembre, cuando comienza el receso legislativo. Aun así, Ávila afirmó que el proceso de discusión ha permitido acercar posiciones y reiteró que la ley es esencial para ejecutar el Presupuesto General de la Nación de 2026.
Cambios clave del proyecto
Para reducir tensiones fiscales y políticas, el Gobierno Nacional incorporó modificaciones frente al articulado original. La decisión más importante fue retirar todos los puntos relacionados con combustibles, un asunto especialmente sensible para hogares, empresas y transporte.
Las metas de recaudo también fueron revisadas. Los impuestos al tabaco y a la cerveza pasaron de una proyección de $7.8 billones a $3.1 billones, con el objetivo de evitar impactos fuertes sobre el consumo y la industria. A esto se suma la eliminación del impuesto a la boletería.
El trabajo en mesas técnicas y políticas llevó igualmente a descartar un grupo amplio de artículos por sus efectos económicos o por falta de claridad operativa. Entre los puntos retirados se encuentran:
- IVA a la gasolina y al ACPM.
- Cambios a la deducción por hijos o familiares a cargo.
- Modificaciones a la tarifa de renta para personas naturales previstas para 2027.
- Ajustes al descuento sobre ganancias de accionistas.
- IVA a software y servicios en la nube.
- Cambios en el IVA de la cerveza.
- Impuesto a vehículos eléctricos.
- Impuesto a conciertos, que había generado rechazo en el sector cultural.
- Impuesto a actividades mercantiles de iglesias, descartado por falta de delimitación precisa.
Una reforma con apoyo insuficiente
Pese a los ajustes, el respaldo político sigue siendo limitado. De los 46 congresistas designados como ponentes o coordinadores, solo 10 firmaron la ponencia positiva.
En la Cámara, tres firmaron en la Comisión Tercera y tres en la Cuarta. En el Senado, los dos integrantes de la Comisión Tercera acompañaron el texto, pero en la Cuarta únicamente dos de cinco lo hicieron.
El panorama dentro del Congreso apunta a un mismo escenario: si la discusión llega a plenarias esta semana, la ponencia que propone archivar la iniciativa sería la que contaría con la mayoría. ("Si el Congreso no aprueba la reforma tributaria, Colombia se quiebra")
¿Qué piensa la ciudadanía?
El Senado realizó dos sondeos en su cuenta de X (antes Twitter) para medir el pulso ciudadano frente a la reforma. El primero, sobre si las personas pagan impuestos, obtuvo un 91% de respuestas afirmativas.
Sin embargo, al preguntar si la reforma es necesaria, el 59% se mostró en contra y el 41% a favor. Aunque no se trata de una encuesta científica, los 280 participantes ayudan a leer el clima general: la ciudadanía reconoce su obligación tributaria, pero mantiene una resistencia marcada frente a la aprobación de una nueva reforma en el corto plazo. (Reforma tributaria: recaudar y asfixiar)
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