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Reforma tributaria: segundo intento fallido deja en vilo la financiación del Presupuesto General de la Nación

La reforma tributaria fue archivada pese a los ajustes del Gobierno Nacional. La decisión agudiza la incertidumbre sobre el financiamiento del próximo año.

La Comisión IV del Senado archivó el 9 de diciembre la reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro, proyecto con el que se buscaba recaudar $16 billones adicionales para completar el Presupuesto General de la Nación (PGN), aprobado por $546,9 billones.

Con un Congreso de la República cada vez más distante del oficialismo, ninguna de las advertencias, estrategias políticas ni gestiones del Ejecutivo logró modificar el resultado de la votación.

Un debate sin eco en el legislativo

La sesión contó con la participación del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien intervino desde el inicio mientras se aprobaba el orden del día y se rechazaba un impedimento presentado por el representante liberal Leonardo Gallego.

Desde el Pacto Histórico, el representante Jorge Bastidas recordó que el Congreso aprobó un PGN que requiere una ley de financiamiento para cubrir obligaciones como la deuda pública, el Sistema General de Participaciones y las pensiones.

Sin embargo, ningún congresista de oposición tomó la palabra. La ponencia positiva se sometió a votación y fue negada con nueve votos en contra y cuatro a favor, lo que cerró definitivamente el trámite de la reforma.

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Qué incluía la reforma y qué se modificó

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el eje central del recaudo proyectado se concentraba en una mayor tributación a las utilidades del sector financiero, que en 2024 alcanzaron niveles históricamente altos.

Durante su trámite, el Gobierno Nacional ajustó varios puntos con el fin de reducir su impacto social. Se eliminaron medidas como el aumento del IVA a gasolina y ACPM, el IVA a software y servicios en la nube, el gravamen del 19% a espectáculos de alto costo y los tributos a actividades religiosas, junto con cambios en renta sin efecto fiscal inmediato.

En el mismo proceso, también se retiraron propuestas relacionadas con impuestos al combustible, a productos de la canasta familiar y a la boletería de eventos culturales de alto costo, tras las alertas de distintos sectores económicos y culturales.

Se mantuvieron impuestos considerados progresivos, orientados a patrimonios altos, al sector financiero y a consumos específicos. Entre ellos, el IVA a bebidas alcohólicas (excepto artesanales), el impuesto al tabaco, el IVA a juegos de azar online y el incremento a las ganancias ocasionales.

También se preservaban incentivos a energías renovables y un impuesto a plataformas con presencia económica significativa en el país.

Advertencias del Gobierno y rechazo a un eventual decreto

Tras el archivo del proyecto, el Ministerio de Hacienda cuestionó la decisión de la Comisión IV y afirmó que deja desfinanciado el presupuesto de 2026.

“Han generado una desfinanciación irresponsable del presupuesto del próximo año. El Gobierno va a analizar todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del Plan de Desarrollo y de los compromisos sociales”, afirmaron desde la entidad. ("Si el Congreso no aprueba la reforma tributaria, Colombia se quiebra")

Desde el Ejecutivo se insistió en que la negativa del Congreso abre un vacío de financiación que obliga a evaluar alternativas para garantizar la ejecución del presupuesto y la continuidad del gasto social, sin trasladar el impacto a los hogares de menores ingresos. Entre los escenarios mencionados se incluyen medidas excepcionales, lo que generó una reacción inmediata de sectores de oposición.

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El senador conservador, Efraín Cepeda advirtió que acudir a una emergencia económica sería un abuso de poder: “No vamos a permitir que el Gobierno financie politiquería con el bolsillo de los colombianos”.

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Turismo: alivio temporal en medio de la incertidumbre

En este escenario de incertidumbre fiscal, algunos sectores productivos siguen con atención el rumbo que tome la política tributaria en 2026. Para el sector turístico, el archivo del proyecto da aire, al menos por ahora.

Gremios como Anato habían enfatizado que aplicar el IVA del 19% a los servicios turísticos para extranjeros no residentes —hoy exentos— afectaría la competitividad del país. Su presidente ejecutiva, Paula Cortés Calle, recordó que destinos competidores como Chile, Perú y Uruguay mantienen una tarifa del 0%, por lo que Colombia corría el riesgo de perder atractivo. (Reforma tributaria se radica con dudas sobre su impacto en el sector turístico)

Cotelco coincidió: eliminar la exención del IVA al alojamiento elevaría el costo para turistas internacionales, reduciendo el flujo de visitantes, el ingreso de divisas y el empleo. Además, advirtió sobre un posible aumento de la informalidad, con impacto negativo en la sostenibilidad del destino.

Ambos gremios insistieron en evaluar con rigor cualquier cambio tributario que afecte actividades integradas al turismo, en un contexto donde la competitividad sigue siendo esencial para la recuperación y expansión del sector.

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