Gobierno mantiene plan para reducir poder gremial en Fontur

La propuesta se ampara en el artículo 202 de la Ley 1753 de 2015, que faculta al Gobierno Nacional para definir la integración de este órgano directivo garantizando la participación privada, sin exigir mayoría.

Aunque la medida aún no ha sido publicada oficialmente en el Diario Oficial de Colombia, la etapa de consulta pública concluyó sin cambios: el Gobierno no acogió ninguna de las 12 observaciones presentadas por los gremios turísticos entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre de 2025. Esto significa que el texto final ya podría estar listo para ser expedido mediante decreto presidencial. (Consejo Turístico Colombiano defiende su papel en Fontur)

Gremios alertan sobre pérdida de representatividad

La reacción del sector privado fue contundente. Asociaciones como Cotelco, Anato, IATA, Asobares, Acotur, Acolap y CONFETUR manifestaron que la reducción de su participación en el Comité Directivo debilita la representatividad gremial, reduce la pluralidad de voces y podría comprometer la confianza en la administración de los recursos parafiscales. (¿Qué hace el Comité Directivo de Fontur y quién lo integra?)

• Cotelco advirtió que la medida “es perjudicial” y propuso una alternativa: mantener cuatro cupos privados y otorgar al Gobierno un voto privilegiado solo en casos específicos.
• Anato recordó que FONTUR fue creado por iniciativa privada en 1996 con la Ley 300 de 1996, por lo que reducir su participación resulta contradictorio con el espíritu fundacional.
• IATA puntualizó que las aerolíneas aportan alrededor del 60 % de los recursos parafiscales y que disminuir los cupos gremiales “limita la pluralidad de perspectivas” y debilita la legitimidad del sistema.
• Acolap señaló que reducir la representación privada “socava la diversidad de perspectivas” y “desmantela una sincronía exitosa” entre sector público y privado, construida durante años de trabajo conjunto.

Los gremios insisten en que la gobernanza compartida ha sido la base del sistema parafiscal y que este cambio rompe con ese equilibrio, desequilibrando la relación público–privada que históricamente ha sostenido al Fondo. En el documento de respuesta, el MinCIT contestó a cada observación gremial, pero como se mencionó anteriormente, no acogió ninguna de ellas.

El Gobierno alega eficiencia y control institucional

El Ministerio defendió la legalidad de la propuesta señalando que la norma exige garantizar la participación privada, pero no establece una proporción específica ni mayoría gremial. Además, citó jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (sentencias C-152/97, C-536/99 y C-228/09), que ratifica que los recursos parafiscales son de naturaleza pública y deben ser administrados bajo control estatal.

También sostuvo que reducir el número de integrantes busca agilizar deliberaciones, evitar duplicidades y reforzar la eficiencia institucional. La incorporación de la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios pretende aportar una visión técnica alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026

En este nuevo modelo, la voz de los gremios no desaparece, pero se limita: su rol será principalmente consultivo y técnico, ya no decisorio en mayoría.

Concentración de poder sin monopolio económico

Si bien esta decisión no constituye un monopolio en términos económicos, sí implica una concentración de poder político y administrativo. Con mayoría estatal en el Comité Directivo, el Gobierno Nacional tendrá un control mucho más amplio sobre el destino de recursos que provienen de aportes privados.

Esto supone:

• Menos contrapesos internos en la toma de decisiones.
• Mayor discrecionalidad estatal sobre la inversión parafiscal.
• Reducción de la corresponsabilidad histórica entre gremios y Estado.
• Mayor tensión en la relación público–privada.

La pregunta de fondo es legítima: ¿es sostenible que quienes financian Fontur pierdan peso en su orientación estratégica? Para muchos actores, esta decisión marca un giro en la gobernanza del turismo en Colombia y podría redefinir el balance entre Estado y sector privado

Un modelo más centralizado en camino

La firma presidencial será el paso final para que esta nueva composición entre en vigencia. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la medida fortalecerá la eficiencia, y los gremios alertan que debilitará la representatividad.

Este cambio no solo modifica la estructura de un comité: reconfigura el poder de decisión sobre miles de millones de pesos en recursos parafiscales. En un sector donde la inversión privada es la base del sistema, la relación entre confianza y control estatal será determinante para la competitividad turística del país.