La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la formulación de pliegos de cargos contra más de 40 prestadores de servicios de viviendas turísticas en Colombia, luego de identificar presuntas irregularidades que afectarían los derechos de los consumidores. Las investigaciones surgen tras el análisis de 452 quejas presentadas en 2024 desde distintos departamentos del país.
Viviendas turísticas ilegales: la SIC investiga más de 40 casos en todo el país
Denuncias por operación sin RNT y uso indebido de inmuebles desencadenan investigaciones en contra de viviendas turísticas en varias regiones del país.
SIC investiga a 40 prestadores de viviendas turísticas por operar sin registro y falsear información legal.
Según la entidad, muchos de estos operadores habrían entregado información falsa o imprecisa a las Cámaras de Comercio al asegurar que los inmuebles ofrecidos para alquiler turístico no estaban sometidos al régimen de propiedad horizontal, cuando en realidad sí lo estaban. Esto habría permitido prestar servicios turísticos sin cumplir con las restricciones legales establecidas en los reglamentos de copropiedad.
A su vez, se evidenció que personas naturales y jurídicas ofrecían servicios turísticos sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Turismo (RNT), una obligación legal en Colombia. La SIC recordó que los recursos recaudados por este registro se destinan a fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector, incluyendo inversiones en infraestructura, promoción de destinos y profesionalización del talento turístico. (Viviendas turísticas vs. hoteles: un crecimiento para analizar antes de que el impacto sea irreversible).
Antioquia, Bolívar y Cundinamarca, entre los departamentos evaluados
Las investigaciones se concentraron principalmente en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Cundinamarca, donde se detectó un crecimiento notable en las denuncias ciudadanas. Se identificaron casos en los que viviendas urbanas y rurales estarían siendo utilizadas para actividades turísticas sin cumplir los requisitos legales, afectando la calidad del servicio, la seguridad del consumidor y el cumplimiento de las normas.
La SIC advirtió que, si se comprueban las infracciones, podría imponer sanciones económicas y hasta la prohibición de ofrecer servicios turísticos por un período de hasta cinco años.