RNT: la reforma que unió al sector... ¿para dividirlo?

La iniciativa reemplazaría el actual modelo declarativo por un esquema de verificación permanente, apoyado en la eventual creación del Sistema de Verificación y Control del Registro Nacional de Turismo (SVCRNT), que cruzaría información con la DIAN, Migración Colombia, Fontur y otras entidades públicas. También amplía las funciones de las cámaras de comercio e incorpora nuevas obligaciones para plataformas digitales, agencias de viajes en línea (OTA) y viviendas turísticas. (Por qué el Gobierno Nacional quiere actualizar el RNT y qué impacto tendrá en plataformas digitales)

Para algunos gremios, estos cambios representan una oportunidad para combatir la informalidad y equilibrar la competencia entre quienes cumplen las normas y quienes operan por fuera de ellas. Otros consideran que el borrador traslada funciones propias del Estado a particulares, incrementa las cargas regulatorias y podría generar inseguridad jurídica.

Las observaciones recopiladas por Ladevi Colombia reflejan tres grandes posiciones. Mientras Cotelco, el Consejo Técnico de la Industria Turística (CTUR) y Confetur respaldan un fortalecimiento decidido de los mecanismos de control, Anato y Acotur apoyan la modernización del RNT, pero piden una implementación gradual y proporcional. En contraste, Asohost, Airbnb, Booking.com, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), AmCham Colombia, la Cámara Colombiana Informática y Telecomunicaciones (CCIT), la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) y expertos de Turismo al Derecho consideran que el texto requiere ajustes para garantizar una regulación técnicamente viable y jurídicamente sólida.

Cotelco: fortalecer la verificación para cerrar brechas de informalidad

Para José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco, cualquier mecanismo que dote al RNT de una verdadera capacidad de verificación y control representa un paso necesario hacia la formalización. El gremio considera que uno de los principales problemas del sistema actual es la falta de inspección, vigilancia y control sobre prestadores que, pese a estar registrados, incumplen obligaciones tributarias, operativas y de seguridad. (Cotelco insiste en equidad regulatoria en el RNT para frenar la baja ocupación e ingresos del sector hotelero)

Asimismo, señaló que la interoperabilidad entre entidades públicas y el fortalecimiento de las labores de inspección y vigilancia serán determinantes para que el nuevo modelo de verificación funcione de manera efectiva. También destacó el papel que desempeñarán las cámaras de comercio en la implementación del sistema.

Como ejemplo de las inconsistencias del modelo actual, el gremio advirtió que el RNT registra más de 230 establecimientos con más de 100 habitaciones clasificados como vivienda turística, una situación que, a su juicio, evidencia falencias en la información y en los mecanismos de control, además de abrir el debate sobre si ese tipo de inmuebles realmente corresponde a la categoría de vivienda turística. (RNT sin prohibiciones, pero con efectos: Cotelco opina)

CTUR: el RNT también debe robustecer la gobernanza del turismo

Según CTUR, la actualización del RNT representa un paso necesario para fortalecer la institucionalidad del sector y garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación vigente. El organismo destacó que el proyecto es el resultado de un proceso de mesas técnicas y construcción conjunta entre el Gobierno y los actores de la industria.

Asimismo, respaldó el fortalecimiento de los mecanismos de verificación e interoperabilidad, al considerar que permitirán brindar mayor seguridad jurídica, transparencia y confianza para todos los actores del turismo, además de mejorar la coordinación entre las autoridades encargadas de la inspección, vigilancia y control.

El CTUR también sostuvo que la modernización del RNT debe estar acompañada de un régimen sancionatorio más efectivo, que desincentive la prestación de servicios turísticos sin registro, el incumplimiento de la normativa y el suministro de información falsa. A su juicio, fortalecer el RNT significa fortalecer la legalidad, la seguridad, la competitividad y la confianza en el turismo colombiano.

Confetur: "El país necesita ejercer autoridad"

La posición más contundente fue la de Confetur. Su presidente, Rudesindo Moreno, calificó el proyecto como una decisión necesaria para recuperar terreno frente a la informalidad.

"Acompañamos integralmente la decisión gubernamental porque creemos que es la más importante que se ha tomado para rescatar parte de la legalidad perdida", afirmó.

Para Moreno, el crecimiento de las rentas cortas ha generado una competencia desigual frente a miles de empresas que cumplen obligaciones tributarias, laborales y regulatorias, además de transformar profundamente el mercado del alojamiento en Colombia: "No estamos en contra de la libre competencia ni de los nuevos modelos de negocio. Lo que no puede ocurrir es que unos compitan con 51 obligaciones legales mientras otros prácticamente no tienen ninguna".

El dirigente advirtió sobre una "nueva matriz criminal del turismo", que —según su criterio— encuentra mayores espacios en alojamientos sin controles suficientes.

A su juicio, el crecimiento acelerado de las rentas cortas ha generado efectos urbanos y sociales como la gentrificación, la reducción de la oferta de vivienda para residentes permanentes y el uso de algunos inmuebles para actividades ilícitas. Por ello, insistió en que el decreto debe entenderse como una herramienta para recuperar la gobernanza del turismo y no únicamente como una actualización administrativa del RNT.

En este contexto, Confetur pidió acelerar la expedición del decreto, fortalecer la interoperabilidad con entidades como la DIAN, Migración Colombia y autoridades territoriales, reforzar los controles sobre las rentas cortas y reducir el período de transición previsto para la entrada en vigor de la reforma.

Anato: modernizar sí, pero con reglas proporcionales

Aunque respalda la actualización del RNT, Anato insiste en que la reforma no debe traducirse en mayores cargas para quienes ya operan dentro de la legalidad.

Su presidente ejecutiva, Paula Cortés Calle, señaló: "Es fundamental que estos cambios garanticen reglas claras, proporcionales y equitativas para todos los actores, de manera que el fortalecimiento del RNT no se traduzca en mayores cargas para quienes ya operan de manera formal".

Para el gremio, uno de los principales avances del proyecto es reconocer expresamente a las OTAs dentro del RNT y exigir que sus canales digitales publiquen información como el número del registro, el NIT y la razón social. A su juicio, estas medidas consolidarán la transparencia para el consumidor y contribuirán a generar condiciones más equitativas entre los distintos modelos de comercialización.

Igualmente, destacó la exigencia de mayores estándares para las agencias que desarrollan turismo de aventura, al considerar que contribuirá a elevar los niveles de seguridad y calidad de estas experiencias. (Nueva norma obliga a prestadores de turismo de aventura a certificar nivel sobresaliente)

No obstante, insistió en que la implementación debe ser gradual, acompañada de procesos de pedagogía y sustentada en criterios claros que eviten interpretaciones ambiguas o cargas desproporcionadas para los prestadores formales.

En ese sentido, Cortés concluyó: "La modernización del RNT debe facilitar el control y la formalización, pero también debe ser una herramienta práctica, eficiente y aplicable para el sector".

Acotur: la formalización debe responder a la realidad de los territorios

De acuerdo con Acotur, el fortalecimiento del RNT representa una oportunidad para avanzar en la formalización y elevar los estándares del sector, siempre que la implementación reconozca la diversidad de los prestadores y las distintas realidades operativas del país.

El gremio advirtió que la actualización debe construirse sobre criterios de proporcionalidad, evitando que las nuevas obligaciones afecten especialmente a los pequeños operadores de turismo receptivo, naturaleza y aventura, muchos de los cuales desarrollan su actividad en territorios rurales y cuentan con capacidades administrativas limitadas.

"La actualización del RNT debe facilitar la formalización y no convertirse en una barrera para quienes ya trabajan de manera responsable en los territorios", señaló la entidad.

Asimismo, considera que la interoperabilidad entre entidades públicas puede convertirse en una herramienta para simplificar trámites y reducir cargas administrativas, siempre que sustituya requisitos documentales y no termine incorporando nuevas obligaciones.

Acotur también pidió que la implementación esté acompañada de procesos de pedagogía, asistencia técnica y tiempos de transición razonables, teniendo en cuenta las particularidades de los pequeños operadores que trabajan con comunidades, áreas protegidas y destinos emergentes, cuyas condiciones de operación difieren de las de las grandes empresas.

Asohost: "Modernizar no significa burocratizar"

Pese a que reconoce que el RNT necesita actualizarse, Asohost considera que el proyecto incrementa las cargas administrativas para el segmento más numeroso del sector.

La asociación recuerda que el alojamiento representa cerca del 75% de los registros activos del RNT y sostiene que la formalización debe promoverse mediante incentivos y simplificación de trámites, no con mayores exigencias.

"Modernizar no significa burocratizar", manifestó el gremio.

Y resumió su postura en otra frase: "Formalizar no significa bloquear la economía popular del turismo".

Además, considera inconveniente expedir una reforma estructural durante el proceso de transición presidencial y propone que el próximo Gobierno revise el texto antes de su adopción definitiva.

Airbnb: cifras para defender el aporte de las viviendas turísticas

Sin pronunciarse sobre el contenido del proyecto de decreto, Airbnb recordó que está inscrita en el RNT desde 2022 y que, desde 2020, recauda y gira al Estado el IVA y la contribución parafiscal del turismo, recursos que —según sus cifras— superan los US$ 32,8 millones.

La plataforma aseguró además que durante 2024 esta actividad generó un impacto económico cercano a $10,6 billones, de los cuales $1,6 billones correspondieron a ingresos directos para las familias anfitrionas y más de $9 billones beneficiaron a comercios, restaurantes y otros negocios locales.

Asimismo, indicó que más del 40% de las reservas realizadas en Colombia se concentraron en destinos rurales, lo cual, según la compañía, evidencia el aporte de las viviendas turísticas a la distribución de los beneficios económicos del turismo hacia regiones con menor desarrollo de infraestructura hotelera.

De acuerdo con Airbnb, estas cifras reflejan el papel que desempeñan miles de anfitriones en la generación de ingresos para sus hogares y en la dinamización de las economías locales.

Booking.com: la confianza también depende de reglas claras

A diferencia de otros actores del ecosistema digital, Booking.com evitó pronunciarse sobre artículos específicos del proyecto y centró su mensaje en la necesidad de construir una regulación estable, técnicamente viable y aplicable para todos los actores del mercado.

"Es importante que cualquier desarrollo regulatorio contribuya a promover la confianza en el sector, al tiempo que ofrezca claridad jurídica, sea técnicamente viable y favorezca una implementación efectiva", señaló la empresa.

Asimismo, reiteró su disposición para colaborar con el Gobierno en la construcción de un marco regulatorio que fortalezca la confianza de viajeros y prestadores sin afectar el desarrollo del comercio electrónico turístico.

El debate jurídico: hasta dónde puede llegar la regulación

Las observaciones más profundas al proyecto provinieron del ámbito jurídico y tecnológico, donde organizaciones empresariales cuestionaron el alcance de la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional para introducir varias de las obligaciones previstas en el borrador.

La CCCE advirtió que el objetivo no debe ser imponer nuevas obligaciones, sino fortalecer la capacidad de supervisión del Estado mediante herramientas tecnológicas.

"El reto no es imponer más cargas, sino construir un modelo que facilite la formalización, aproveche la tecnología y fortalezca la capacidad de supervisión de las autoridades, en lugar de trasladarla al sector privado", expresó la entidad.

En la misma línea, AmCham Colombia, la CCIT, la ALAI y la propia CCCE sostienen que varios artículos del proyecto exceden la potestad reglamentaria del MinCIT, al trasladar a particulares responsabilidades que, por mandato legal, corresponden al Estado.

Las organizaciones advirtieron que el borrador podría modificar aspectos ya definidos por la Ley 2068 de 2020, generar inseguridad jurídica e imponer obligaciones no previstas por el legislador. Por ello, solicitaron reabrir las mesas técnicas antes de expedir el decreto definitivo.

Turismo al Derecho: regular pensando en la próxima década

Uno de los análisis más especializados fue el de Turismo al Derecho, que presentó un documento técnico con observaciones puntuales al articulado.

La firma cuestionó que el proyecto continúe asociando las OTAs exclusivamente a sitios web transaccionales, cuando hoy buena parte de la comercialización turística se realiza mediante WhatsApp Business, redes sociales, aplicaciones de mensajería e incluso herramientas basadas en inteligencia artificial.

Por ello, propuso incorporar el principio de neutralidad tecnológica, de manera que la regulación pueda adaptarse a la evolución de los canales digitales sin requerir modificaciones constantes ni excluir nuevas formas de comercialización que ya hacen parte de la industria.

Asimismo, advirtió que una regulación moderna debe centrarse en la actividad desarrollada por el prestador y no en la tecnología específica utilizada para comercializar sus servicios, pues la innovación avanza a un ritmo mucho más acelerado que las actualizaciones normativas.

La firma también recomendó revisar el cronograma de implementación previsto en el borrador para garantizar una transición ordenada hacia el nuevo modelo de verificación y control.

Reto del MinCIT: El pulso por el nuevo RNT apenas comienza

Concluida la consulta pública, que recibió comentarios hasta el 11 de julio, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) deberá revisar las observaciones presentadas antes de expedir el decreto definitivo. Varias de ellas plantean ajustes puntuales al articulado; otras cuestionan el alcance mismo de la regulación propuesta.

Más allá del texto final que adopte el Gobierno, esta discusión dejó una conclusión clara: el Registro Nacional de Turismo (RNT) dejó de ser un simple requisito administrativo para convertirse en una herramienta de política pública, con implicaciones sobre la formalización, la competitividad, la vigilancia del sector y el funcionamiento de las plataformas digitales. (Nueva norma obliga a prestadores de turismo de aventura a certificar nivel sobresaliente)

La forma en que quede diseñado el nuevo RNT no solo definirá cómo se inscriben y verifican los prestadores de servicios turísticos. También marcará la relación entre el Estado y una industria que evoluciona constantemente y que hoy enfrenta el desafío de encontrar reglas capaces de responder, al mismo tiempo, a la innovación, la competencia y el control.