Congreso Nacional de la Hotelería: 3 de cada 10 alojamientos bajo la lupa por irregularidades

Durante su conferencia, titulada “Informalidad, evasión fiscal y competencia desleal en el sector alojamiento de Colombia: un reto creciente”, el general en retiro examinó las irregularidades detectadas en viviendas turísticas y establecimientos de hospedaje, así como su relación con la evasión fiscal, la competencia desleal y los riesgos asociados a actividades delictivas. (Congreso Nacional de la Hotelería 2026: ¿por qué es necesario regular los alquileres turísticos?)

Informalidad turística: las cifras detrás de las irregularidades

Uno de los datos más relevantes corresponde a las diferencias entre los prestadores inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT) y la información tributaria. Según Buitrago, con corte a agosto de 2026 se identificaron 52.524 personas y empresas con registro turístico, de las cuales 11.999 figuraban como declarantes de renta.

La comparación arrojó una brecha cercana al 77%, que plantea interrogantes sobre la correspondencia entre la actividad turística registrada y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. No obstante, esta diferencia no constituye por sí misma una prueba de evasión, por lo que resulta necesario establecer las condiciones tributarias de cada prestador.

Las plataformas digitales de alojamiento constituyen otro punto de atención. De acuerdo con las cifras compartidas durante la conferencia, uno de cada tres alojamientos anunciados no figuraba en el RNT, pese a que este registro es obligatorio para los prestadores de servicios turísticos sujetos a dicha exigencia.

Para examinar esta situación, Strategos BIP realizó un ejercicio de revisión de publicaciones en Bogotá y Medellín, en el que encontró que tres de cada 10 anuncios con número de RNT no pudieron vincularse con un registro activo. También se identificaron más de 200 publicaciones con posibles inconsistencias en la información de sus responsables y actividades económicas.

El análisis abordó igualmente la distribución de las propiedades destinadas al hospedaje. Según los resultados, el 26.6% de los inmuebles estaba concentrado en el 5.7% de los titulares, una proporción que evidencia la presencia de operadores con múltiples unidades de alojamiento.

A estas situaciones se suman 52.155 registros de viviendas turísticas cancelados, suspendidos o no renovados, mencionados durante la intervención. Esta cifra plantea la necesidad de verificar cuáles establecimientos cesaron sus actividades y cuáles podrían continuar comercializando servicios sin contar con la documentación vigente.

Viviendas turísticas: riesgos de seguridad y competencia desleal

Las consecuencias de la informalidad trascienden el incumplimiento de obligaciones administrativas y fiscales. Buitrago advirtió que la ausencia de controles adecuados en los alojamientos de corta estancia puede facilitar su utilización para lavado de activos, explotación sexual, procesamiento de sustancias ilegales y otras actividades delictivas.

Para ilustrar estos riesgos, hizo referencia a investigaciones desarrolladas en Ibagué, Cali, Medellín y Pereira, donde organizaciones criminales recurrieron al alquiler temporal de inmuebles para cometer robos y otras conductas ilegales.

Asimismo, mencionó operaciones relacionadas con viviendas utilizadas para el procesamiento de drogas y casos de explotación sexual detectados en entornos turísticos, situaciones que evidencian la importancia de verificar la identidad de los huéspedes y las condiciones bajo las cuales se comercializan estos espacios.

Desde la perspectiva empresarial, estas irregularidades también afectan el equilibrio del mercado. Los establecimientos que operan al margen de la normativa pueden obtener ventajas económicas frente a hoteles y alojamientos formalmente constituidos, que deben asumir costos tributarios, laborales, operativos y de seguridad.

Esta diferencia en las condiciones de operación adquiere especial relevancia ante el crecimiento de la oferta de hospedaje comercializada mediante plataformas digitales, donde la supervisión y la trazabilidad de los prestadores continúan siendo desafíos para las autoridades.

¿Qué medidas necesita Colombia para combatir la informalidad?

Ante este escenario, Buitrago planteó la necesidad de ampliar la cooperación entre las autoridades y el sector privado, con herramientas que faciliten la identificación de operadores irregulares y el seguimiento de las actividades de alojamiento.

Entre las prioridades mencionó la verificación de los números del RNT, el monitoreo de las publicaciones en plataformas digitales y el cruce de información tributaria y comercial. Estas acciones contribuirían a detectar inconsistencias, establecer responsabilidades y orientar las labores de inspección y vigilancia.

El presidente de Strategos BIP también relacionó el problema con las economías criminales y el comercio ilícito, al advertir que determinadas operaciones comerciales pueden utilizarse para introducir en la economía formal recursos provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos.

Por ello, insistió en que la respuesta no debe limitarse a incrementar las sanciones, sino que también requiere simplificar el cumplimiento de las obligaciones legales y elevar las consecuencias para quienes desarrollan actividades irregulares.

En definitiva, la advertencia para el sector hotelero apunta a que la formalización turística exige mucho más que la inscripción en el RNT: requiere información verificable, cumplimiento tributario, controles de seguridad y condiciones de competencia equitativas para los prestadores de alojamiento en Colombia. (Congreso Nacional de la Hotelería 2026: Cotelco exige condiciones justas y el Gobierno plantea incentivos)