Gobierno Nacional rechaza críticas por contrato de pasaportes y sostiene su legalidad

En medio de los cuestionamientos recientes, el presidente Gustavo Petro aseguró, a través de un comunicado, que el sistema funciona con equipos instalados en la Imprenta Nacional de Colombia. Además, indicó que el contrato vigente cumple con las condiciones exigidas —incluidas las garantías— y reiteró que el proceso se desarrolló sin irregularidades. (En medio de la polémica, la Cancillería se pronuncia sobre el nuevo modelo de pasaportes)

Estructura jurídica del modelo de pasaportes

El modelo no se sustenta en un único acuerdo, sino en un conjunto de instrumentos que articulan su operación. Entre ellos se incluyen un memorando de entendimiento entre Colombia y Portugal, un convenio marco, acuerdos específicos y un convenio internacional que respalda el desarrollo técnico del proceso. (Nuevo pasaporte colombiano: todo lo que debe saber)

Esta arquitectura jurídica responde a una transición institucional en la que el Estado asume un rol protagónico en la expedición de pasaportes, en contraste con esquemas anteriores con mayor participación de terceros.

De forma complementaria, el modelo incorpora transferencia de conocimiento especializado, instalación de infraestructura tecnológica y formación de talento humano en el país. Con estos elementos, se habilita la producción y personalización de pasaportes en territorio nacional, reduciendo la dependencia de actores externos.

Ejecución estatal y seguridad de la información

La Imprenta Nacional de Colombia tiene a su cargo la producción, personalización, custodia y distribución de los pasaportes. Dentro de este esquema, el acompañamiento externo se limita a funciones técnicas durante la etapa de implementación.

El sistema cumple con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en materia de seguridad documental, lo que asegura su reconocimiento a nivel global. A su vez, establece que la información de los ciudadanos permanezca bajo control estatal, lo que eleva los niveles de protección de datos personales.

Garantías, transparencia y acceso público

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que el contrato cuenta con respaldo jurídico y se ajusta a la normativa vigente. Aunque este tipo de acuerdos no exige garantías de forma obligatoria, el Gobierno decidió incluir pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil.

Durante el proceso, se exploraron opciones con aseguradoras privadas, que declinaron emitir dichas pólizas. Posteriormente, se estructuró una alternativa con la aseguradora pública La Previsora, tras un análisis técnico de riesgos que permitió ajustar las condiciones del contrato.

Finalmente, la información contractual —incluidas las garantías— se encuentra disponible en la plataforma SECOP II, lo que facilita la consulta ciudadana y el seguimiento al proceso, en línea con criterios de transparencia y acceso público a la información.