SIC finalizó investigación en contra de Avianca y Viva Air

Por María Paula Díaz

En meses pasados, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación administrativa en contra de Avianca y Viva Air por presuntamente integrarse sin autorización, sin embargo, la entidad finalmente archivó el caso.

"En el trámite de la investigación que se seguía en contra de Avianca y Viva, algunos manifestaron que terminó simplemente con el cierre de la investigación, pero no se trata de eso. Lo que hizo la superintendencia fue aceptar un paquete de compromisos, bajo la figura del esquema de garantías que asumieron los intervinientes. Esto para proteger la dinámica en materia de libre competencia y beneficiar a los usuarios afectados de manera inmediata”, explicó la superintendente, María del Socorro Pimienta.

Aunque la entidad asegura haber encontrado pruebas que comprobaban la integración, una multa no sería una solución para los afectados, por lo que decidió cerrar el caso.

"Más que una sanción, los consumidores pueden verse compensados en las pérdidas que sufrieron de una manera directa e inmediata. Una sanción no nos da suficiente garantía de esta compensación, de manera que la terminación de la investigación es un efecto establecido en la ley", dijo María del Socorro.

¿Qué garantías tendrán los usuarios?

Reubicación del vuelo en las condiciones que estaban establecidas en los tiquetes que habían comprado, sujeto a disponibilidad. Para esto, los usuarios afectados tendrán que ir a los aeropuertos y solicitar el acceso al servicio.
La segunda medida es ofrecer tiquetes con descuentos sustanciales para los consumidores, que puede ir desde el 35% hasta el 60%. Este beneficio estará disponible para las personas que compraron los tiquetes de Viva y no pudieron acceder al servicio en un periodo que va desde la ejecutoria de esta decisión hasta el 30 de septiembre de 2024

La ejecutiva hizo hincapié en que si las dos aerolíneas no cumplen con estos compromisos, se reabrirá la investigación. Además, la SIC podrá imponer sanciones por hasta 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.