El proyecto de ley 167 de 2023, actualmente en discusión, busca garantizar que los derechos de los usuarios del transporte aéreo sean más accesibles y visibles en los aeropuertos del país. Sin embargo, algunos expertos advierten que su implementación podría ser compleja, especialmente porque las sanciones quedarían en manos de la Aeronáutica Civil, lo que genera dudas sobre su alcance y ejecución.
Proyecto de ley daría facultades sancionatorias a la Aeronáutica Civil: ¿juez y parte?
El proyecto de ley 167 de 2023 busca garantizar los derechos de los pasajeros en el transporte aéreo, pero genera dudas sobre las sanciones y el rol de la Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Transporte.
La Aeronáutica Civil asumiría nuevas facultades sancionatorias sobre los aeropuertos, según el proyecto de ley 167 de 2023 en debate.
Más información para los pasajeros
La propuesta establece que los administradores aeroportuarios (Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, concesionarios o municipios que gestionan terminales aéreas) deberán instalar en los módulos de registro y abordaje carteles con información detallada sobre los derechos de los viajeros.
Este material deberá incluir:
- Ruta de atención de Aerocivil para que los usuarios puedan gestionar sus reclamaciones.
- Ruta de atención ante la Superintendencia de Industria y Comercio o la Superintendencia de Transporte en caso de vulneración de derechos.
Multas y dudas sobre la regulación
El proyecto de ley también contempla cambios en el régimen de sanciones en caso de incumplimiento. Actualmente, la Superintendencia de Transporte es la entidad encargada de imponer multas a los administradores aeroportuarios. Sin embargo, con la nueva normativa, esta facultad pasaría a la Aerocivil, una entidad que carece de competencias sancionatorias en materia de protección al consumidor.
Esta modificación genera dudas sobre la efectividad de la norma, ya que podría crear un vacío legal y dificultar la correcta aplicación de las sanciones al ser juez y parte. Además, el cobro de las multas comenzaría al día siguiente de la ejecutoria del acto administrativo y solo se suspendería cuando el administrador aeroportuario confirme el cumplimiento de la normativa.
¿Mayor protección o burocracia innecesaria?
Si bien la iniciativa busca fortalecer la protección de los pasajeros, queda por definir si su implementación será efectiva o si, por el contrario, añadirá más cargas burocráticas sin resolver los problemas actuales en la atención al usuario.
El debate sobre el proyecto sigue abierto y su impacto dependerá de cómo se regule y se haga cumplir una vez aprobado.
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