Aliadas insiste en los riesgos de la reforma laboral para la formalidad y competitividad en Colombia

“Es esencial evitar legislaciones que favorezcan a un grupo minoritario de trabajadores, ya que esto no contribuye a la justicia social en el ámbito laboral. La reforma debe promover la flexibilidad contractual, adaptándose a las realidades de cada sector y establecer un sistema de protección social para trabajadores independientes, garantizando su acceso a seguridad social y capacitación. Además, se debe fortalecer la Inspección y Vigilancia para prevenir abusos en la tercerización, sin limitar la productividad”, puntualizó Aliadas.

Impacto en la creación de empleo y la formalidad

Aliadas explicó que la reforma laboral, al priorizar el trabajo dependiente, desincentivará la formalización del empleo, prolongando así la informalidad en el país.

La reforma propone condiciones laborales más estrictas que afectarían principalmente a las pequeñas empresas, incrementando las indemnizaciones y costos relacionados con contratos formales, lo que podría limitar su capacidad para contratar a nuevos trabajadores.

Competitividad empresarial en riesgo por la reforma laboral

Otro de los puntos críticos señalados es el impacto en la competitividad empresarial, especialmente por las restricciones impuestas a la tercerización de servicios, una práctica clave para la especialización y la eficiencia operativa.

Estas restricciones afectan especialmente a las micro y pequeñas empresas, reduciendo su capacidad para competir en un mercado global.

Desconocimiento de los derechos laborales

Aliadas recalcó su preocupación por la homogenización de condiciones laborales impuesta por la reforma, que obliga a empresas de diferentes tamaños a cumplir con los mismos estándares.

También destacaron que la reforma limita la posibilidad de pactos colectivos, dificultando la flexibilidad en la negociación de condiciones laborales, generando conflictos dentro de la empresa.

Así las cosas, la alianza hace un llamado a un debate nacional para equilibrar los derechos de los trabajadores con las necesidades empresariales. De este modo, se reafirmará el compromiso con un entorno empresarial justo y competitivo que beneficie a todos y fomente un crecimiento económico sostenible.