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Reforma tributaria: los gremios fijan posición frente a los cambios propuestos

La reforma tributaria genera reacciones entre los gremios, que cuestionan medidas fiscales y advierten sobre sus efectos en distintos sectores económicos.

En pocas palabras

  • Reforma Tributaria: El Gobierno presentó la Ley de Rescate Económico con ajustes fiscales, generando reacciones.
  • Gremios y Sindicatos: Fenalco y Acodrés piden ajustes, mientras la CUT rechaza medidas que afectan a trabajadores.
  • Impacto Sectorial: Se analizan efectos en comercio, gastronomía, salud y el bolsillo de los hogares colombianos.
Resumen generado por Thinkindot AI

El proyecto de Ley de Rescate Económico, radicado por el Gobierno nacional ante la Cámara de Representantes, comenzó a generar reacciones entre organizaciones empresariales y sindicales. Los pronunciamientos advierten sobre posibles efectos de las medidas tributarias en los sectores económicos. (Reforma tributaria: ¿qué está en juego para la industria?)

La iniciativa, identificada como el Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara, fue presentada por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, el 29 de octubre. Su propósito es estabilizar las finanzas públicas mediante ajustes al gasto estatal, modificaciones tributarias y mecanismos para aumentar los ingresos fiscales.

En este contexto, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés) y la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda), han expresado reparos frente a diferentes disposiciones del articulado, mientras que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) manifestó su rechazo a la propuesta y anunció una jornada de movilización nacional para el 19 de noviembre.

Fenalco pide ajustes a la Ley de Rescate Económico

Fenalco, a través de su presidente, Jaime Alberto Cabal, reconoció algunas medidas contempladas en el proyecto, pero advirtió sobre disposiciones que podrían afectar directamente al comercio, los consumidores y los pequeños negocios.

Entre los aspectos que el dirigente considera positivos se encuentra la eliminación de la exclusión del IVA para compras inferiores a US$ 200 realizadas a través de plataformas internacionales, conocidas como minimis.

Según el gremio, esta modificación contribuiría a equilibrar las condiciones de competencia para el comercio nacional y podría generar más de $1.8 billones en recaudo.

Sin embargo, Fenalco manifestó su preocupación por la continuidad de los llamados impuestos saludables, debido a su incidencia en los precios de productos de consumo cotidiano y en las ventas de las tiendas de barrio. También cuestionó el impuesto a la cerveza y el incremento del IVA del 5% al 19% para vehículos híbridos y eléctricos.

Otro de los puntos señalados por Cabal es la modificación del tratamiento tributario de los insumos agrícolas, que podría elevar los costos de producción del campo y trasladar presiones adicionales a los precios de los alimentos.

Frente a este panorama, el gremio propuso un pacto institucional de austeridad fiscal que involucre al Congreso, la rama judicial y los organismos de control, con un ahorro de al menos 20% en sus presupuestos de funcionamiento durante los próximos cuatro años. También pidió fortalecer los mecanismos de fiscalización y la lucha contra la corrupción.

Acodrés solicita revisar el impacto sobre la gastronomía

Por su parte, Acodrés hizo un llamado al Gobierno nacional y al Congreso de la República para que el trámite legislativo incluya un análisis técnico y diferencial de los efectos de la iniciativa sobre el sector gastronómico.

En su pronunciamiento, el gremio solicitó revisar las disposiciones que puedan comprometer la competitividad de la industria y construir alternativas que permitan cumplir los objetivos fiscales sin debilitar el tejido empresarial.

Asimismo, manifestó su disposición para participar en las mesas de trabajo y aportar propuestas que contribuyan a una reforma equilibrada, responsable y compatible con el desarrollo económico y social del país.

Acodrés señaló que sus prioridades son proteger el empleo, promover la formalidad y garantizar que la gastronomía colombiana continúe siendo una oportunidad de progreso para miles de familias.

Fasecolda cuestiona el tratamiento tributario de los planes voluntarios de salud

Desde el sector asegurador, Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, expresó su desacuerdo con la diferenciación tributaria que plantea el proyecto entre las pólizas de salud y los servicios de medicina prepagada.

En entrevista con Blu Radio, el dirigente manifestó su sorpresa por la inclusión de esta disposición y señaló que, aunque existen diferencias técnicas y regulatorias entre ambos productos, para los consumidores representan alternativas que compiten dentro del mismo mercado.

Según Morales, las personas comparan coberturas, costos, redes de prestadores y hospitales antes de elegir entre una póliza de salud o un plan de medicina prepagada. Por eso, considera que establecer tratamientos tributarios diferentes introduce distorsiones en la competencia.

El presidente de Fasecolda defendió el tratamiento preferencial que actualmente reciben los planes voluntarios de salud, con una tarifa de IVA del 5%, y pidió que se mantengan condiciones equivalentes para las pólizas, la medicina prepagada y los planes complementarios.

A su juicio, el objetivo debe ser facilitar que más familias accedan a estos servicios, que complementan la atención del sistema público de salud. También advirtió que una diferenciación regulatoria podría afectar la competitividad y la innovación en el mercado asegurador.

CUT en contra de la iniciativa

En una posición de rechazo más amplia, la CUT anunció su participación en movilizaciones programadas para el jueves 19 de noviembre, en oposición a la Ley de Rescate Económico.

La organización sindical cuestiona principalmente los cambios tributarios que, según considera, aumentarían la carga económica de los trabajadores y los hogares colombianos.

Entre sus reparos se encuentran el incremento del IVA del 5% al 19% para determinados productos de consumo, el aumento progresivo de los aportes a salud para algunos trabajadores y la reducción de los aportes a las cajas de compensación familiar.

La CUT también expresó preocupación por las facultades que solicitaría el Gobierno para reorganizar entidades estatales y por los posibles efectos de los recortes al gasto de personal y a la contratación pública sobre el empleo.

La central sindical considera que el ajuste fiscal no debe trasladar mayores cargas a las familias trabajadoras y plantea alternativas basadas en una tributación más equitativa, el fortalecimiento de la producción nacional y la protección del empleo.

El proyecto continúa su trámite en el Congreso, mientras distintos sectores económicos y sociales exponen sus observaciones sobre las medidas propuestas y sus posibles repercusiones.