El miércoles 10 de enero funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) realizaron una redada en un centenar de locales de la cadena 7-Eleven, con el objetivo de investigar la legalidad de los empleados, muchos de ellos inmigrantes.
Durante el operativo –que se llevó a cabo en 17 estados del país– se realizaron auditorías y entrevistas a empleados y gerentes, lo que tuvo como resultado un saldo de 21 detenidos.
“Estas acciones envían un fuerte mensaje a las empresas estadounidenses que contratan y emplean una fuerza laboral ilegal: el ICE hará cumplir la ley y, si se descubre que la están infringiendo, se les hará responsable”, dijo Thomas Homan, director interino del ICE.
Por su parte, en declaraciones a AP, Derek Benner, responsable de las investigaciones de la agencia migratoria, describió la operación como “un calentamiento para lo que nos espera este año. Verán más inspecciones de gran envergadura como ésta”.
Asimismo, el ICE describió el operativo como un “seguimiento" a las acciones que tomó contra las franquicias 7-Eleven en 2013, cuando nueve propietarios y gerentes de franquicias fueron arrestados “por conspiración para cometer fraude electrónico, uso de identidades robadas, y ocultar y albergar a empleados que estaban en el país ilegalmente”. En ese sentido, “las redadas buscan garantizar que la compañía haya dado los pasos adecuados hacia prácticas de contratación y empleo más responsables”, informó el ICE.
En tanto, a través de un comunicado, 7-Eleven –que tiene más de 8.600 tiendas en Estados Unidos– tomó distancia de las prácticas de contratación de sus franquiciados: “Las franquicias de 7-Eleven son negocios con dueños independientes que son los únicos responsables por sus empleados, incluyendo el hecho de decidir a quién contratar y de verificar que tengan permiso para trabajar en Estados Unidos”, sostuvo la compañía. Y subrayó: “Esto significa que todos los asociados de las tiendas en un almacén de franquicia son empleados del franquiciado y no de 7-Eleven. La empresa toma en serio el cumplimiento de las leyes de inmigración y ha rescindido los acuerdos de franquicia de los franquiciados condenados por violar estas leyes”.
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