José Ariel García lleva 30 años en el negocio del turismo y poco más de 20 años al frente de Carnaval Tours, una pequeña agencia de viajes situada justo al frente de la Alcaldía Local de La Candelaria, en el centro de Bogotá, que a fuerza de los años se ha convertido en parte del paisaje urbano de la zona. García, que comenzó vendiendo excursiones a tierra caliente en las afueras de Bogotá a cooperativas, sindicatos y asociaciones de pensionados, hoy atiende, junto a su colaboradora, un mercado cautivo conformado por clientes del sector trabajador, empleados bancarios, estatales, educativos y hasta comerciantes de la plaza de mercado La Concordia, a quienes les vende planes a San Andrés, Santa Marta, Cartagena, Eje Cafetero, Llanos y muy de vez en cuando, México, Europa y Suramérica. "Somos una agencia de viajes pequeña muy conocida en el área. Aquí llegan personas a comprarnos porque les hicimos la excursión del colegio y ahora viajan los hijos y hasta los nietos. Vienen acá porque nos conocen, por nuestra tradición, porque nunca hemos tenido problemas ni hemos engañado ni incumplido a nadie. Hemos creado una confianza, la gente viene, nos refiere con otras personas y de esa manera hemos subsistido", contó García desde su pequeño local, en donde también funciona un punto de Servientrega.
Un caso similar esboza Oswaldo Rodríguez, gerente de Sol Crystal Turismo, que comenzó en el turismo a principios de los años 80 y desde hace 15 años consolidó una agencia de viajes que también funciona como operadora en La Candelaria y la sabana de Bogotá. "Nosotros también tenemos un mercado cautivo, trabajamos con cinco o seis mayoristas y vendemos mucho Colombia. En el plano internacional se vende República Dominicana y Argentina, entre otros, pero muy poco por el alza del dólar. Nuestro otro público son los extranjeros que llegan a La Candelaria, a quienes les vendemos servicios receptivos", comentó Rodríguez.
Como García y Rodríguez, hay cientos de pequeños agentes de viajes en todo el país que después de décadas de trabajo y esfuerzo se enfrentan a una inminente desaparición por cuenta del nuevo Decreto por el cual se establecen las condiciones y requisitos para la inscripción y actualización del Registro Nacional de Turismo (RNT).
Como se reveló en pasadas ediciones de La Agencia de Viajes Colombia, las agencias de viajes minoristas (VyT) y operadoras requerirán un patrimonio neto de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv) como requisito para adquirir o actualizar el RNT. En otras palabras, el monto es de $ 28 millones y le está quitando el sueño no solo a agencias de viajes en las principales ciudades sino a operadores de las distintas regiones de Colombia que no cuentan con un patrimonio de esta envergadura para actualizar su RNT.
Según cifras del Viceministerio de Turismo con base en el RNT, hasta marzo de 2016 había en Colombia 31.899 prestadores de servicios turísticos, de los cuales 9.146 son agencias de viajes, 5.500 corresponden a minoristas, 484 a mayoristas y 3.161 a operadores. Se estima que el 90% o quizás más, corresponden a pequeñas y medianas agencias de viajes agobiadas por las agencias informales, la creciente comercialización online, las evasiones a la intermediación y, por supuesto, los impuestos y crecientes costos, como el mencionado trámite del RNT.
¿La estocada final para las pequeñas agencias?
Miles de agencias de viajes formales pero pequeñas de todo el país están a punto de desaparecer a causa del decreto que les exige un patrimonio neto cercano a $ 28 millones para renovar el RNT en 2017. Si bien la Anato y el MinCIT consideran que la medida es un instrumento para combatir la informalidad, otras organizaciones señalaron que la norma es excluyente, inconstitucional y, por el contrario, estimula la ilegalidad. Entre tanto, agencias pequeñas con trayectoria y mercado cautivo de varios años manifestaron a este medio su indignación por lo que consideran un atropello. "Somos profesionales y honestos", argumentan.
POCA GANANCIA, MUCHOS GASTOS.
En efecto, para buena parte de las agencias de viajes VyT y operadoras acreditar un patrimonio de $ 28 millones es, por lo menos, un reto. Se desconoce, sin embargo, de qué manera las agencias de viajes deberán acreditar dicho patrimonio y cómo se va a controlar. Se presupone que los 40 Smlmv obedecen al capital mínimo con el que la agencia de viajes deberá registrarse en la correspondiente Cámara de Comercio. Entre mayor sea el patrimonio registrado, mayor será la suma a pagar; una cosa es pagar un impuesto por $ 5 millones u $ 8 millones y otra por $ 28 millones. A este costo adicional se suman por supuesto los parafiscales y todos los descuentos impositivos que se realizan a la comisión que entrega la mayorista. No hay que olvidar la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 003, cuya implementación será obligatoria el año entrante para renovar el RNT y por la cual las empresas certificadoras están cobrando sumas considerables de dinero.
"El problema es que las agencias de viajes pequeñas somos muy frágiles, vivimos del día a día vendiendo un plan para poder subsistir. Si uno no vendió no puede pagar arriendo, servicios o colaboradores. Y aunque es posible que a costa de mucho esfuerzo lo podamos conseguir, mantenerse en el día a día será más duro", afirmó García, quien aseguró que varios colegas con varios años en el mercado le han reconocido que están a punto de cerrar.
En esa misma línea se manifiesta César Duarte, gerente de Viajando Representaciones, una agencia de viajes mediana con más de 10 años en el mercado bogotano: "Desaparecen porque desaparecen. Aquí salen los pequeños y hasta los medianos. Para nosotros 40 Smlmv es bastante capital. No sé en qué forma tocará demostrar esa capacidad financiera, porque hay empresas como la nuestra que trabajamos con lo básico, pero ofrecemos, modestia aparte, un buen servicio y somos confiables", apuntó Duarte.
"El decreto del RNT es el pulpo que nos va a tragar a toditos; la mayoría desaparecerán. De las 1.200 agencias que calculo hay en Medellín no quedan 200, y lo digo porque sé que a muchos apenas les alcanza para pagar los parafiscales. Y para rematar nos cobran más de $ 2 millones por una asesoría para implementar la NTS", aseguró Ruben Espitia, gerente de la agencia Servitures, de Medellín, profesional del turismo que ha venido adelantando algunos esfuerzos para asociar agencias de viajes pequeñas en esa región.
Por su parte, Diego Alea, gerente de Travel Five Group, una pequeña agencia de viajes corporativa del centro de Bogotá que ha abierto un espacio en empresas y fondos de empleados, opinó que "el decreto es perjudicial para las pequeñas agencias, pero es una oportunidad que hay que enfrentar. No podemos cerrar y empezar a organizar otro negocio porque crear empresa en Colombia es muy difícil", señaló este emprendedor que creó su empresa hace ocho años tras culminar sus estudios académicos.
CAMINO A LA INFORMALIDAD.
Sobre este álgido tema, Paula Cortés, presidenta de la Anato, apuntó: "La Anato insistió en que deben fijarse unos requisitos financieros cuyos montos sean importantes, ya que esto serviría como instrumento para combatir la informalidad, ése es el objetivo, tener una herramienta para servicios de más calidad y que los clientes tengan más respaldo al momento de contratar con esas empresas. Hemos insistido en que es una manera de luchar contra la informalidad", afirmó. Y aunque este fue el argumento esbozado por el Viceministerio de Turismo para crear esta medida, casi todo el sector concuerda en que las capacidades financieras que pide el decreto lograrán el efecto contrario.
Para Oswaldo Rodríguez las agencias de viajes afectadas por el decreto tienen tres opciones: cierran y acaban con su negocio; cierran y abren en otra parte (es decir, pasan a la informalidad); o se asocian para cumplir los requisitos. Rodríguez cuenta como en el mismo centro de Bogotá operan varias agencias ilegales con mercado cautivo y sin ningún tipo de interés en pasar a la formalidad, mucho menos ahora; una problemática que se repite en todo el país (y a la que se suma la hotelería).
"El decreto no va a controlar la informalidad. Al contrario, aquí se aprieta al legal mientras el ilegal sigue ahí, porque la DIAN y la Policía no los controlan. No conozco al primer alcalde que haya hecho aplicar la ley en referencia al RNT", manifestó Rudesindo Moreno, presidente de la Confederación de Turismo (Confetur), ente que agrupa a cerca de 800 prestadores de servicios turísticos de todo el país y que ya está tomando cartas en el asunto sobre este decreto.
En efecto, García comentó que varios colegas han manifestado tomar la segunda opción que menciona Rodríguez, la informalidad; "es gente que lleva muchos años en esto y que no sabe hacer nada más", apuntó.
Lo propio ocurre en otras ciudades del país, en donde además la informalidad afecta directamente al empresario que sí cumple la ley. "Estamos totalmente abatidos por la piratería ¿Quiénes son? Grupos de adultos mayores, profesores de colegios, que están sacando grupos en buses viejos, sin seguro y sin RNT ¿Quién controla esto? ¡Nadie!", aseguró Espitia de Servitures. La tendencia la confirma Duarte, de Viajando Representaciones, a quien no le cabe duda de que medidas de este tipo van a propiciar actividades "debajo de cuerda": "De acuerdo a mi experiencia hay muchos profesores de colegios que están dedicados a contratar y organizar ellos mismos las excursiones de fin de año, y sacerdotes que organizan sus propias excursiones y peregrinaciones. Ellos ya conocen el negocio ¿Quién controla eso? Nadie".
"Este decreto, hecho por el Viceministerio con ciertas organizaciones poderosas, no ha tenido en cuenta a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Hay un avance del turismo en Colombia y hemos visto como muchas empresas que antes estaban en la parte informal entraron a hacer parte de la actividad formal. Pero si sacan un decreto de este tipo sin mirar el impacto social que puede causar, simplemente nos llevaría de nuevo a la informalidad, porque no podemos cumplir la meta", sentenció Alirio Riberos, una persona polifacética que además de tener su agencia de viajes (Viaja por Colombia), es el fundador y presidente del Sindicato Nacional de Turismo desde 2005, organización que agrupa cerca de 50 empresas relacionadas con el turismo en Norte de Santander, y el director de la Corporación Mixta de Turismo y Desarrollo del Oriente Colombiano (CorpoOriente).
El argumento es claro: si ya existe una informalidad rampante que está lejos de controlarse, una medida como esta, que impacta al pequeño empresario formal, resulta inconveniente y es susceptible de empujar a muchos a la informalidad.
UNA PODEROSA RED DE VENTAS.
Ahora bien, más allá de la fragilidad que aducen las pequeñas agencias de viajes, la realidad es que en su conjunto estas pequeñas empresas conforman una poderosa red de ventas nada despreciable para las mayoristas que operan en Colombia. "Las agencias de viajes pequeñas hacemos un muy buen trabajo; somos los que sostenemos a los mayoristas. Si hay cinco mil agencias pequeñas, que es lo que se calcula, y cada agencia puede vender un plan a la semana a una mayorista, pues imagínese. Por eso es que los mayoristas no necesitan salir al público, ellos viven de las agencias de viajes pequeñas. Entonces sí necesitamos una mano del gobierno y también de la Anato, que es quien agrupa a estas mayoristas", manifestó García.
"¿Cómo va a hacer el Gobierno para sacar un decreto que fuerza a los pequeños empresarios del turismo a dejar un mercado de más de 20 años? ¿Se lo vamos a dejar a las mayoristas? Si ellos no conocen a los clientes; no saben quiénes son. Si nosotros dejamos de vender, ¿la mayorista contratará personas para que les sigan vendiendo sus productos?", apuntó Rodríguez.
Como estas dos pequeñas agencias de La Candelaria existen centenares en toda Colombia, que constantemente, una a una, van sumando ventas para las mayoristas. ¿Cuánto representan estas ventas para las más de 400 mayoristas legalmente constituidas? Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que la dinámica de intermediación del turismo sufre cada día dramáticas evasiones y las quejas de las mayoristas por las escasas ventas son bastante conocidas en el medio turístico. ¿Están dispuestas las mayoristas a sacrificar este mercado?
ALERTA DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Ante el panorama incierto que generó el decreto La Agencia de Viajes Colombia pudo conocer que las cartas y derechos de petición no se han hecho esperar. "Hay una explosión de operadores que entiendo que se quieran controlar, pero creemos que este decreto es un problema serio para la libre competencia y viola de entrada la Constitución. No se puede pretender fijar un piso para la pequeña empresa y hacerlo solo en el sector turismo ¡Eso no se ha visto! No compartimos el oficio de la Superintendencia de Industria y Turismo (SIC), tenemos ya el concepto jurídico de nuestro abogado. Creemos que sí hay posibilidad de echar para atrás esta medida", afirmó Moreno, de la Confetur, y apuntó que la SIC está equivocada y totalmente desbordada en este punto. "Lo que están haciendo es cerrarle el paso a los pequeños y apalancando a la gran industria. Lo decimos porque alguien tiene que decirlo", apuntó.
Por otra parte, Javier Gómez, presidente de la Federación Colombiana de Ecoparques, Ecoturismo y Turismo de Aventura (Fedec), considera que el decreto puede modificarse adoptando una categorización que establezca el patrimonio según el tamaño de la agencia de viajes, mientras que para las agencias operadores propone tener en cuenta las certificaciones que ostentan, pues son garantía de profesionalidad, seriedad y capacidad financiera, toda vez que estos procesos exigen inversiones considerables. "No será la primera vez que un decreto se eche para atrás en Colombia", comentó Gómez, para quien es fundamental avanzar en la formalidad y cualificación de los empresarios del turismo en Colombia, "pero esta no es la manera".
¿SE FIRMÓ EL DECRETO?
De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), el decreto en cuestión surtió las instancias correspondientes en esa entidad y desde mediados de mayo se encuentra en poder de la Presidencia de la República para la firma del primer mandatario, que tiene plazo hasta el 10 de junio. Al cierre de esta edición se desconocía si el decreto había sido firmado o si por el contrario continúa siendo un proyecto de decreto.
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