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Sin regla fiscal en Colombia: cómo afecta al país y a su bolsillo

El anuncio del Gobierno Nacional sobre el fin de la regla fiscal y una nueva reforma tributaria genera alerta por inflación, empleo e impuestos.

La propuesta del Gobierno de Colombia de suspender la regla fiscal por tres años, mantener el gasto social e impulsar una reforma tributaria genera preocupación, ya que este mecanismo busca evitar el endeudamiento excesivo y preservar el equilibrio entre ingresos y gastos públicos, lo que podría impactar la estabilidad económica de los colombianos.

Con la suspensión anunciada, el gobierno podría aumentar su gasto sin el límite que impone esta norma. Según explicó Andrés Felipe Jiménez, experto en finanzas de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, esta decisión puede generar dudas en los mercados e instituciones financieras internacionales sobre la sostenibilidad económica del país. A mediano plazo, el aumento del endeudamiento podría traducirse en mayores impuestos o presiones inflacionarias.

Reforma tributaria por $19 billones: ¿quién pagará?

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) se proyecta una nueva reforma tributaria en 2026 con el objetivo de recaudar al menos $19 billones anuales adicionales. El gobierno ha indicado que buscará que los mayores contribuyentes aporten más, pero la experiencia indica que el impacto muchas veces termina afectando también a los sectores medios. (Reforma laboral en marcha: conozca lo que ya está vigente y lo que se aplicará gradualmente)

“Es común que, aunque se plantee que los impuestos se concentren en los más ricos, parte de la carga se traslade a consumidores en general, ya sea por el incremento del IVA, impuestos indirectos o ajustes en tarifas existentes”, señaló Jiménez. En consecuencia, la capacidad adquisitiva de muchos hogares podría verse comprometida si no se diseñan mecanismos de compensación adecuados.

Sostener el gasto público sin ajustar ingresos

Otra medida clave planteada es mantener el gasto primario estructural, es decir, los gastos permanentes del Estado como pensiones, salud, educación y programas sociales, excluyendo el pago de intereses de la deuda. Estos compromisos representan una parte significativa del presupuesto nacional y su continuidad tiene implicaciones fiscales de largo plazo.

Si bien garantizar esta inversión puede representar beneficios inmediatos para diversos sectores sociales, también implica una presión constante sobre las finanzas del Estado. Sin nuevas fuentes de ingreso o mejoras en la eficiencia del gasto, esta política puede agrandar el déficit fiscal y dificultar la sostenibilidad del presupuesto. En ese escenario, podría haber restricciones en el acceso al crédito, pérdida de valor del dinero y, eventualmente, recortes a programas sociales.

¿Cómo se traduce esto en la vida cotidiana?

El efecto combinado de suspender la regla fiscal, aprobar una reforma tributaria y sostener altos niveles de gasto sin una estrategia clara de financiación puede sentirse en múltiples frentes. El ciudadano común podría enfrentar mayores cargas tributarias, un aumento en el costo de vida, dificultades para acceder al crédito y menores oportunidades de empleo.

Según Jiménez, estas decisiones deben analizarse no solo desde su intención social, sino también desde su impacto económico integral.

“Si no se acompaña de recortes eficaces o de una mejora sustancial en la gestión del gasto, inevitablemente estos cambios afectarán el bolsillo de los colombianos”, concluyó.

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