Pasaportes en Colombia: Portugal protesta por contrato con Thomas Greg & Sons

Según reveló El Tiempo, las entidades públicas europeas involucradas en el proyecto manifestaron su inconformidad ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde el magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón examina la ejecución del convenio binacional.

La disputa se concentra en un informe técnico sobre la personalización de más de 618.000 pasaportes desde abril de 2026. Mientras la Cancillería, dirigida por Omar Bula Escobar, solicitó 20 días hábiles para revisar el documento, la representación portuguesa aseguró que su contenido ya había sido acordado entre los equipos técnicos y jurídicos, pero las autoridades colombianas se abstuvieron de firmarlo.

A esta diferencia se suman la falta de respuesta a una solicitud de reunión formulada hace más de un mes y medio y un pago pendiente por las libretas en blanco suministradas a la Imprenta Nacional, cuyo desembolso estaba previsto para el 14 de octubre.

¿Qué pasará con el convenio de pasaportes hasta 2036?

El acuerdo con la Casa da Moeda de Portugal, valorado en aproximadamente $1.3 billones, establece cuatro etapas de transferencia tecnológica para que Colombia asuma progresivamente la fabricación de sus documentos de viaje.

El proceso comenzó con el suministro de materiales desde Lisboa (Portugal) y Douai (Francia). Entre 2027 y 2030, contempla el traslado de maquinaria y su instalación en territorio colombiano, mientras que para 2033 se proyecta la impresión local de páginas interiores y contracarátulas.

La última fase, prevista para 2036, comprende la fabricación de la página de datos, con la que se completaría la producción nacional de los pasaportes.

Sin embargo, la incertidumbre sobre la continuidad del proyecto genera preocupación por sus consecuencias económicas. La excanciller Rosa Villavicencio advirtió que una eventual terminación podría exponer al Estado a reclamaciones por US$ 68 millones, además de posibles acciones judiciales por incumplimiento contractual.

Ante este escenario, las entidades europeas propusieron establecer una mesa de diálogo con la Cancillería para resolver las diferencias y evitar que la controversia derive en un litigio internacional.

Imprenta Nacional cuestiona el regreso de Thomas Greg & Sons

La exgerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, respaldó la posición portuguesa y cuestionó la contratación de un nuevo operador cuando, según explicó en una entrevista con Caracol Radio, la primera etapa del proyecto ya estaba en funcionamiento, con infraestructura de seguridad y disponibilidad de libretas.

León sostuvo que la orden judicial buscaba corregir las deficiencias identificadas en el convenio, no sustituir al operador. En ese sentido, atribuyó parte de las dificultades a la gestión administrativa de la Cancillería frente a los requerimientos del Tribunal.

También afirmó que, desde agosto, funcionarios de la nueva administración habían consultado sobre los costos de terminar el acuerdo con Portugal, situación que genera interrogantes sobre las razones del cambio contractual.

Por su parte, el Gobierno colombiano defiende la contratación temporal mediante urgencia manifiesta, por aproximadamente $240.000 millones, como una medida para garantizar la expedición de pasaportes mientras se adelanta una nueva licitación pública.

El canciller Omar Bula Escobar aseguró que el contrato mantiene las condiciones tarifarias anteriores, sin incrementos por inflación ni tasa de cambio, y que los ciudadanos no tendrán que asumir costos adicionales por el cambio de operador.