Nuevo modelo de pasaportes: punto a punto de lo que está mal, según la Procuraduría

La entidad intervino en el trámite judicial en curso y respaldó las pretensiones del demandante, Nicolás Dupont Bernal, aportando información contractual, presupuestal y orgánica recopilada durante una visita preventiva realizada el 6 de agosto de 2025. (Nuevo pasaporte colombiano: ¿es obligatorio cambiarlo? Todo lo que debe saber)

Falencias en la planeación y estudios previos

Uno de los puntos más críticos señalados por la Procuraduría fue la ausencia de estudios precontractuales. Durante la visita a la Imprenta Nacional, la Procuraduría evidenció que no existían análisis de mercado, estudios sectoriales ni una justificación clara sobre la necesidad del convenio. (Pasaportes, un debate que no termina: ¿qué pasa ahora?)

El único documento disponible carecía de firmas, lo que, según el análisis de la Procuraduría, impedía validar su origen y legalidad. Además, no incluía soportes técnicos ni financieros que respaldaran el valor del convenio, estimado en más de 1.3 billones de pesos.

La entidad también advirtió vacíos en la estructuración del convenio. No se realizó una evaluación integral del sector que contemplara variables financieras, técnicas y de riesgo, lo que limitó la identificación de competidores, la comparación de alternativas y la posibilidad de explorar opciones más eficientes en costos.

A esto se sumó la falta de una justificación detallada sobre la modalidad de selección directa y el rol asignado a la Imprenta Nacional, cuyas funciones legales no contemplaban la producción de documentos de seguridad.

Cuestionamientos a la contratación directa y riesgos en la ejecución

El documento cuestionó la legalidad del acuerdo con la empresa portuguesa Casa da Moeda. Aunque fue presentada como entidad pública, la Procuraduría verificó que opera como sociedad anónima bajo derecho privado, lo que cuestionaba su uso dentro de un esquema que evitaba la licitación.

Este hallazgo llevó a la Procuraduría a advertir que no se cumplirían los requisitos para omitir un proceso competitivo. Además, el aporte extranjero no alcanzaría el 50% exigido por la ley, lo que reforzaba las dudas sobre la validez jurídica de la selección.

Otro aspecto relevante fue la forma en que se ejecutaría el convenio. Según el análisis, la Imprenta Nacional no asumiría las actividades principales, ya que la producción y distribución quedarían en manos de la empresa extranjera, mientras la entidad colombiana actuaría como intermediaria.

Tribunal negó suspensión solicitada por la Procuraduría

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la medida cautelar solicitada por la Procuraduría General de la Nación para suspender los desembolsos del convenio suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprenta Nacional Casa da Moeda de Portugal.

La decisión, adoptada mediante auto del 27 de julio de 2026, determinó que no se acreditaron los requisitos establecidos para ordenar la suspensión, al considerar que no se demostró la apariencia de buen derecho ni un riesgo patrimonial que justificara la medida.

El Tribunal también señaló que suspender los desembolsos podría afectar la continuidad del servicio público de expedición de pasaportes, relacionado con el ejercicio del derecho fundamental a la libre circulación.

Cancillería defendió la continuidad del modelo

Tras la decisión judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores defendió la continuidad del nuevo modelo de pasaportes y aseguró que el convenio cuenta con respaldo jurídico.

El Gobierno Nacional había rechazado previamente los cuestionamientos y defendido la legalidad del modelo de contratación. Argumentó que no era necesario un proceso de licitación, ya que la normativa contempla convenios entre entidades públicas.

Asimismo, indicó que la Imprenta Nacional - Casa da Moeda es una entidad estatal portuguesa habilitada para cooperar con Colombia y explicó que el proyecto contempla cuatro fases con transferencia de tecnología, con el objetivo de alcanzar autonomía en un plazo de diez años.

La Cancillería señaló que el esquema busca fortalecer las capacidades del Estado para producir y personalizar documentos de viaje, mediante transferencia de conocimiento, incorporación de infraestructura especializada y desarrollo progresivo de capacidades nacionales. (En medio de la polémica, la Cancillería se pronuncia sobre el nuevo modelo de pasaportes)

La entidad reiteró que continuará con la implementación del modelo, respetando las decisiones judiciales y garantizando la prestación del servicio de expedición de pasaportes.