Nuevo modelo de pasaportes: punto a punto de lo que está mal, según la Procuraduría

La entidad intervino en el trámite judicial en curso y respaldó las pretensiones del demandante, Nicolás Dupont Bernal, aportando información contractual, presupuestal y orgánica recopilada durante una visita preventiva realizada el 6 de agosto de 2025, considerada determinante para evaluar posibles afectaciones. (Nuevo pasaporte colombiano: ¿es obligatorio cambiarlo? Todo lo que debe saber)

Falencias en la planeación y estudios previos

Uno de los puntos más críticos es la ausencia de estudios precontractuales. Durante la visita a la Imprenta Nacional, la Procuraduría evidenció que no existen análisis de mercado, estudios sectoriales ni una justificación clara sobre la necesidad del contrato. (Pasaportes, un debate que no termina: ¿qué pasa ahora?)

El único documento disponible carece de firmas, lo que impide validar su origen y legalidad. Además, no incluye soportes técnicos ni financieros que respalden el valor del convenio, estimado en más de 1.3 billones de pesos.

El análisis también advierte vacíos en la estructuración del contrato. No se realizó una evaluación integral del sector que contemplara variables financieras, técnicas y de riesgo, lo que limitó la identificación de competidores, la comparación de alternativas y la posibilidad de explorar opciones más eficientes en costos.

A esto se suma la falta de una justificación detallada sobre la modalidad de selección directa y el rol asignado a la Imprenta Nacional, cuyas funciones legales no contemplan la producción de documentos de seguridad.

Cuestionamientos a la contratación directa y riesgos en la ejecución

El documento pone en duda la legalidad del acuerdo con la empresa portuguesa Casa da Moeda. Aunque fue presentada como entidad pública, la Procuraduría verificó que opera como sociedad anónima bajo derecho privado, lo que cuestiona su uso dentro de un esquema que evita la licitación.

Este hallazgo implica que no se cumplirían los requisitos para omitir un proceso competitivo. Además, el aporte extranjero no alcanza el 50% exigido por la ley, lo que refuerza las dudas sobre la validez jurídica de la selección.

Otro aspecto relevante es la forma en que se ejecutaría el contrato. Según el análisis, la Imprenta Nacional no asumiría las actividades principales, ya que la producción y distribución quedarían en manos de la empresa extranjera, mientras la entidad colombiana actuaría como intermediaria.

Esta configuración cuestiona la naturaleza del acuerdo como cooperación entre entidades públicas y abre el debate sobre la necesidad de haber adelantado un proceso de licitación.

Irregularidades administrativas y riesgos fiscales

La Procuraduría también identificó inconsistencias en el trámite administrativo. La junta directiva fue convocada fuera de los tiempos establecidos, sin actas formales ni acceso previo a documentación clave.

En el plano financiero, el contrato presenta debilidades desde su estructuración. Al estar pactado en euros, no contempla de manera adecuada el impacto de la tasa de cambio, lo que introduce riesgos para el presupuesto nacional.

Adicionalmente, no se evidencian las autorizaciones necesarias para comprometer vigencias futuras, lo que incrementa la incertidumbre sobre la viabilidad del acuerdo.

La respuesta del Gobierno Nacional

El Gobierno Nacional rechazó los cuestionamientos y defendió la legalidad del modelo de contratación. Argumentó que no era necesario un proceso de licitación, ya que la normativa contempla convenios entre entidades públicas. (En medio de la polémica, la Cancillería se pronuncia sobre el nuevo modelo de pasaportes)

Asimismo, indicó que la Imprensa Nacional - Casa da Moeda es una entidad estatal portuguesa habilitada para cooperar con Colombia y explicó que el proyecto contempla cuatro fases con transferencia de tecnología, con el objetivo de alcanzar autonomía en un plazo de diez años. También señaló que ya se gestionaron pólizas para respaldar el desarrollo del proceso.