El presidente Abelardo De La Espriella declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por la grave calamidad pública ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto, mediante el Decreto 1261 de 2026, con una vigencia de 30 días calendario. (El mapa de las embajadas que cerrará el Gobierno de Abelardo de la Espriella)
Abelardo de la Espriella declara emergencia económica: ¿qué cambia para las regiones afectadas?
Abelardo de la Espriella habilitó recursos y medidas extraordinarias para atender la emergencia y reconstruir las regiones tras el terremoto del 10 de agosto.
El Gobierno Nacional de Abelardo de la Espriella podrá crear fondos, reorientar recursos y facilitar financiación para la reconstrucción de las zonas afectadas.
En pocas palabras
- Emergencia económica: El presidente Abelardo De La Espriella declaró Estado de Emergencia Económica por 30 días.
- Turismo afectado: La declaratoria busca atender la crisis, con énfasis en la recuperación de infraestructura turística.
- Solicitud de Anato: El sector turístico pidió al Gobierno medidas para proteger empresas y empleos.
“El decreto de Emergencia Económica es una decisión trascendental de Estado que nos permitirá atender con celeridad a las zonas afectadas, sin dilaciones ni trabas burocráticas”, afirmó De La Espriella.
La emergencia tendrá una vigencia de 30 días calendario y las medidas que se adopten deberán tener relación directa con la crisis, además de ser temporales, proporcionales y necesarias.
La decisión habilita al Gobierno Nacional para adoptar medidas extraordinarias orientadas a atender los daños ocasionados por el sismo, movilizar recursos y acelerar la recuperación de las zonas afectadas. Entre los sectores mencionados expresamente en el decreto se encuentra el turismo, junto con comercio, transporte, manufactura, agricultura y servicios.
De acuerdo con el documento, el terremoto de magnitud 7.4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, generó afectaciones en 15 departamentos y 471 municipios, con daños preliminares en viviendas, establecimientos comerciales, centros educativos y de salud, vías, puentes, acueductos y aeropuertos.
El decreto señala además que las afectaciones sobre el tejido empresarial, productivo, comercial, turístico y de servicios requieren medidas excepcionales para garantizar la continuidad de la actividad productiva, proteger el empleo y promover la reactivación económica en los municipios afectados.
¿Qué implica la emergencia económica?
La declaratoria permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley relacionados directamente con la emergencia en materias presupuestales, contractuales, crediticias, tributarias, de transporte, infraestructura y reactivación económica.
En materia de turismo, el decreto reconoce que la actividad fue afectada por los daños en infraestructura y por las restricciones de movilidad y conectividad. En particular, siete aeropuertos de las regiones impactadas movilizaron en conjunto el 10.8% de los pasajeros aéreos del país durante el primer semestre de 2026, mientras que al 11 de agosto persistían restricciones en los aeropuertos Matecaña de Pereira y Santa Ana de Cartago.
Por ello, entre las facultades habilitadas se encuentran mecanismos para movilizar recursos, facilitar financiación, otorgar alivios temporales y promover la recuperación de la infraestructura y de las actividades económicas afectadas.
El decreto también contempla instrumentos financieros como compensación de tasas, coberturas, subsidios de comisiones, períodos de gracia y garantías mediante entidades del Grupo Bicentenario. Asimismo, se plantea flexibilizar temporalmente el acceso de población damnificada a financiación formal.
Anato había pedido medidas para proteger al turismo
La declaratoria responde a una solicitud que el sector turístico había planteado tras el terremoto. Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) había pedido al Gobierno Nacional medidas extraordinarias para proteger a las empresas y el empleo turístico, entre ellas alivios tributarios, líneas especiales de crédito, subsidios y programas de apoyo a la nómina.
“El turismo sostiene miles de empleos y familias en las regiones. Por eso necesitamos medidas que protejan el tejido empresarial y permitan mantener los puestos de trabajo, especialmente en los territorios más afectados”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.
El gremio también hizo un llamado a los viajeros a no cancelar automáticamente sus planes hacia destinos que continúan operando y recomendó consultar las condiciones de cada destino y hacerlo a través de agencias de viajes formalmente constituidas.
De manera particular, Anato pidió mantener los viajes programados hacia la Costa Pacífica, donde municipios como Nuquí, Bahía Solano y Juradó dependen en buena medida de la actividad turística y atraviesan la temporada de avistamiento de ballenas.
La Asociación considera que mantener activa la operación turística, cuando existan condiciones de seguridad, puede contribuir a preservar empleos, ingresos y actividad económica en las comunidades afectadas. (Anato y Cotelco sostienen encuentro con Mauricio Gómez Amín, nuevo MinCIT: ¿qué temas abordaron?)
Recursos que destinará el Gobierno Nacional para la reconstrucción y reactivación
La emergencia también permitirá recurrir a fuentes extraordinarias de financiación. El Gobierno podrá facilitar el uso de recursos del Sistema General de Regalías y del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), este último bajo la modalidad de préstamo y con carácter temporal.
Además, se prevé ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos para incluir municipios afectados y movilizar recursos y capacidad de inversión privada hacia la reconstrucción.
Otra de las herramientas contempladas es el uso temporal de bienes administrados por el FRISCO para albergues, centros de acopio, reasentamiento de familias vulnerables y obras de infraestructura de emergencia.
El decreto aclara que estas medidas no buscan solucionar el desequilibrio estructural de las finanzas públicas, sino habilitar temporalmente recursos, autorizaciones y alivios vinculados directamente con la atención del desastre, la asistencia humanitaria y la reconstrucción.
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