La ausencia del Estado facilitará que las plataformas potencien una mayor desigualdad

Hasta la misma Facebook supo en su momento, producto de dificultades legales en algunos países, acelerar la creación de una plataforma internet.org con la argumentación de proveer acceso gratuito a Internet. Estamos en un escenario en el que se ha mutado la batalla entre empresas por los clientes por otro modelo –para algunos más participativos y en apariencia más horizontal–, en el cual los clientes se contactan unos con otros.

El cambio experimentado se observa al examinar cómo las plataformas conectan a propietarios de autos con personas que tienen que desplazarse, supuestos anfitriones con huéspedes, libreros con escritores, etc. Las características entre el llamado “nuevo modelo” y el viejo son fáciles de caracterizar: las primeras tienen realmente valuaciones exorbitantes y, en general, una cierta inconsistencia en materia de sus balances. A su vez, ninguna de ellas se ajusta a normas y procedimientos en los que estén documentados los derechos de los clientes y las obligaciones de los proveedores de los servicios. En casi todos los países de América Latina se observa un Estado ausente que permite a las plataformas basarse en la teoría de que el mercado castigará a aquellos que lesionen a los consumidores. La verdad es que ese comportamiento prístino del mercado no se constata en parte alguna; tiempo atrás un juicio a la plataforma Uber en Estados Unidos por discriminación puso en evidencia estas cuestiones.

En cualquier caso, ¿cuál es la diferencia entre esa plataforma y los servicios ya existentes? Sistemas de pagos, para detectar clientes y para rastrear su ubicación y la del vehículo en tiempo real son importantes, pero en verdad son periféricos; poco tienen que ver con el transporte.

Ahora bien, en la economía del conocimiento “esos periféricos” se han ubicado en el centro de la escena. Ello facilita en la actualidad que cualquier proveedor de un servicio, incluso de contenidos, corra el riesgo de ser “cooptado” por el operador de la plataforma, quien al adicionar servicios periféricos y brindar más agilidad a la experiencia se transforma en el amo y señor de la situación.

MONOPOLIOS.

Muy pocas actividades económicas no se han visto afectadas por el crecimiento exponencial de las plataformas; la enorme mayoría son verdaderos monopolios, apalancados sobre los efectos de red de operar un servicio que se vuelve más demandado cuanto más consumidores lo utilicen. Las disputas entre actividades (editoriales, transportistas, hoteleros, restaurantes, agentes de viajes, etc.) ante la ausencia de Estado carecen de escenarios de diálogo institucional, por cuanto el poder adquirido por las plataformas fragmenta a todas ellas.

Algunos nos invitan a validar que, esta condición de monopolio debe ser vista y vivida como una característica y en modo alguno como un problema, al tiempo que justifican esa situación que les ha permitido lograr ingresos extraordinarios; eso, para estos filósofos, es la clave por la cual invierten en innovación.

¿Realmente una sociedad debe subordinarse al poder de estas plataformas? El debate debiera exceder al tema de las ganancias. Para algunos una forma de eludir estos monopolios sería evitar que puedan comprar la diversidad de periféricos; lograr que los clientes puedan mover su reputación, así como el historial del explorador. Un mapa de los contactos sociales entre plataformas podría ser un camino para ordenarlo dicen desde la Academia. Aunque el gran tema sigue siendo universalmente la ausencia del Estado, sin importar la concepción social y económica del mismo.

En ese camino seguramente deberían incluirse temas como servicios que puedan verificar las identidades, nuevos y mejores sistemas de pago, y sensores de geolocalización.

El debate de estos temas se brinda más en los ámbitos académicos, y –en gran parte de los países– las entidades que representan los intereses de sus asociados ante la ausencia del Estado carecen de un diálogo social con las plataformas, circunstancia que ayudaría más a la sociedad y ordenaría como regular de manera ecuánime la presencia de nuevos actores que, nadie en su sano juicio, desea prohibir o limitar su desenvolvimiento.

En cualquier caso, debe manifestarse que esta supuesta modernidad basada en servicios que dicen crear “nuevas experiencias”, uniendo por un lado a un prestador y por el otro a un potencial usuario de ese servicio, siempre a través de un tercero que no tiene obligación alguna de cumplir con aspectos administrativos, leyes locales, impuestos y responsabilidades laborales, por citar solo algunas, es una situación que no debería estar ausente en la agenda de los Estados, ya que la búsqueda de una solución global es la vía excluyente. Quizás ésta sea la excusa para demorar un encuadre al tema.

BATALLA DESIGUAL.

Un tema entre otros que habitualmente se soslaya o se utiliza para no hacer nada es la “aterritorialidad” de las plataformas. En el caso de la oferta de alquiler de viviendas privadas constituye un tema singular, pues el rol de las plataformas genera un crecimiento exponencial de esa oferta y, aunque se avance en el ordenamiento de la misma, mientras las plataformas no estén obligadas a cumplir con las normas, esta batalla será una guerra desigual. En 2015, un fallo de la de la Corte Suprema de Justicia de Argentina eximió de responsabilidades a las plataformas o proveedores de servicios por la intermediación que efectúan en la búsqueda de contenidos; constituye un desafío importante para poder alcanzar una solución ecuánime al tema.

Otro aspecto interesante y al que la oferta de alojamiento formal está expuesta diariamente es la pátina de supuesta profesionalidad que las redes y plataformas presentan mediante la opinión anónima de los supuestos clientes, tanto en un caso como en el otro, pues la gestión de esos contenidos de opinión carece de metodología objetiva y transparencia.

En el presente estamos ante una suerte de duopolio formado por Facebook y Google, que dominan dos tercios de la publicidad digital y someten a todos los demás a la extinción o a la supervivencia, según ha expresado recientemente Christian Fuchs, profesor de la Universidad de Westminster, por cuanto han convertido –por la ausencia de normas– “a nuestros datos en la gran mercancía del siglo XXI”. Para este profesor la Ley de Protección datos es un paso en la dirección correcta.

Una vez más, estamos ante un problema global que exige una solución global. Si ello no acontece, seguramente las corporaciones (las plataformas) siempre van a encontrar la manera de sortear la Ley (cuando existe), como lo han hecho y siguen haciendo para evitar el pago de miles de millones en impuestos.

TRANSFORMACIÓN.

En el inicio de estas líneas expresé que me encuentro muy distante de aquellos que están en contra de los impactos y desafíos ya generados por las nuevas tecnologías. Estoy preocupado y ocupado en llamar la atención para evitar que, aquellos que tienen la responsabilidad de diseñar y ejecutar las políticas públicas, lleguen tarde una vez más, generando que la transformación sea para unos pocos y en modo alguno para todos.

Es decir, deseo formar parte de ese grupo de personas que insistirá para que la política llegue a tiempo para imponer su autoridad al mundo digital, por cuanto, plataformas de redes sociales, datos masivos, tecnología móvil e inteligencia artificial, etc., dominan cada vez más la vida política social y económica de las sociedades con un crecimiento exponencial que parece carecer de límites, responsabilidades y obligaciones. Por alguna razón que no advertimos, a la fecha, el Estado no se ha involucrado en el tema.

DEBATES PENDIENTES.

Como muy bien expresa Jamie Bartlett, las características de la tecnología digital es: no-geográfica, descentralizada, impulsada por datos, sujeta a los efectos de red y el crecimiento exponencial, mientras la democracia es analógica y no digital. Evitar este debate conceptual potenciará las consecuencias no deseadas de las TICS.

El conocimiento, la información, la segmentación, la determinación de los perfiles humanos y la aplicación de los algoritmos posibilitan, entre otros aspectos, emplear el uso de las debilidades psicológicas en rasgos estructurales del consumo de noticias, lo que las plataformas han explotado para ganar cifras varias veces millonarias sin estar sujetas a normas globales que les demarcaran límites.

Por otra parte, los CEO de las principales plataformas insisten en posicionar que las mismas son espacios en los que circulan contenidos y no un medio donde se publica o se ignora según una línea editorial. Pero en la realidad eso solo tiene efectos legales ante la ausencia del Estado. Ser aparentemente neutral es en sí una suerte de decisión editorial. Todo en las redes sociales está editado y, en los tiempos actuales, más por un algoritmo que por un ser humano. Esos algoritmos son concebidos para proporcionarle a alguien contenido que seguramente va a clickear, ya que eso significa el potencial de vender más publicidad. Se estima que más del 90% de los ingresos de Google y Facebook proviene de la publicidad.

La deslocalización geográfica es otra de las tantas situaciones que gozan las plataformas, circunstancia que les posibilita inducir a la compra o uso de un servicio, o a que alguien en particular gane una elección.

La ausencia de límites genera que el impacto de la inteligencia artificial presente dudas acerca del futuro del trabajo, aunque el problema mayor es y será el aumento de la desigualdad. Los trabajos no rutinarios que exigen intuición, creatividad y pensamiento independiente en situaciones cambiantes no están, y parece que no estarán, en la lista de los llamados a desaparecer. En cambio, los llamados empleos del medio son los que estarán más en riesgo. El llamado grito “de protección de la privacidad”, en nombre del respeto al dominio individual de los datos propios, está en el límite de debilitar al Estado. Y las audiencias públicas a las que fue instado el titular de Facebook en mayo pasado han sido un testimonio concreto de ello.

MIRADA HOTELERA.

Desde la industria de la hospitalidad se viene trabajando en gran parte del mundo con gran esfuerzo y conocimiento para que los Estados ordenen en todas partes a la llamada oferta informal; en lograr que las OTAs dejen de poder actuar sin estar sujetas a normas y obligaciones en todos los aspectos. Sin dudas, éste es un gran trabajo que conlleva la legitimidad de la representación, pero la indiferencia de los Estados exigiría debatir si la industria no debe sumarse a una acción superior que logre, de una vez por todas, que las tecnologías digitales se subordinen a los alcances y límites que establezcan los Estados.

Los valores y principios de la democracia y el estado de derecho debieran trascender a la digitalización de la sociedad. Esto hace necesario tener la mente abierta para definir las normas de un nuevo estadío que permita a todos aprovechar sus ventajas. Como suele expresar el actual director del BID-Intal, Gustavo Beliz, ha llegado el momento de impulsar la formulación de un “pacto social tecnológico”.

La situación actual y las consecuencias de sus proyecciones debiera ser un llamado a la cooperación público-privada para lograr que la innovación y la tecnología estén más orientadas a la utilidad, al bienestar, que a la gestación de más poder concentrado (Encíclica Laudatio SI).