Terremoto en Colombia: proponen alivios tributarios para reactivar el turismo

La iniciativa toma como referencia la Ley Quimbaya (Ley 608 de 2000), adoptada tras el terremoto de 1999, pero busca adaptar ese modelo a las condiciones actuales para atender tanto a las empresas existentes como a las nuevas inversiones.

Alivios para empresas y turismo

El documento, dirigido al presidente Abelardo de la Espriella y a los ministros de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, surge tras la declaratoria de desastre nacional mediante el Decreto 1171 del 11 de agosto de 2026 y plantea medidas para la recuperación económica y social.

El régimen contempla subsidios a la nómina, alivios tributarios, tratamientos especiales de IVA e impuesto al consumo, créditos, garantías y recursos para el turismo, además de acciones en conectividad, infraestructura y promoción turística.

La iniciativa reconoce que el impacto económico puede alcanzar incluso a negocios sin daños físicos. En turismo, las restricciones de movilidad, afectaciones viales, cierre de atractivos, cancelación de eventos o menor llegada de visitantes pueden reducir las reservas y los ingresos.

Entre las medidas figura un subsidio de hasta el 30% del costo laboral de los trabajadores elegibles durante 12 meses, cuyo porcentaje dependería del tamaño y afectación de cada empresa, la caída de ingresos y los empleos preservados. Las micro y pequeñas empresas podrían recibir una proporción mayor, al igual que las compañías vinculadas al turismo.

También se plantea una reducción temporal del impuesto sobre la renta para empresas que operaban antes del terremoto. Para el turismo se estudiaría un tratamiento especial de IVA para alojamiento, paquetes turísticos, parques, turismo de naturaleza y aventura, reuniones, congresos, convenciones y eventos, junto con medidas sobre el impuesto al consumo para el sector gastronómico.

Créditos y recursos para recuperar el turismo

En materia financiera, se propone una Línea Especial de Crédito para la Reactivación Económica y Turística 2026, administrada a través de Bancóldex, para capital de trabajo, reconstrucción, modernización y nuevas inversiones. Tendría plazos de siete a 15 años, períodos de gracia de 12 a 24 meses y tasas preferenciales.

A través del Fondo Nacional de Garantías (FNG) se estudiarían coberturas de hasta el 80% y 90% para micro y pequeñas empresas, además de la devolución de hasta el 50% de la comisión de la garantía para quienes cumplan las condiciones establecidas.

A esto se sumaría un Fondo Especial de Reactivación Turística, articulado con Fontur, para financiar infraestructura, recuperación de atractivos, promoción, transformación digital, eventos, conectividad y recuperación de mercados.

En conectividad se contemplan estímulos temporales a rutas aéreas, nuevas frecuencias y recuperación prioritaria de la infraestructura vial. Las medidas se concentrarían en una Zona Especial de Reactivación Económica, Turística y de Empleo (ZER 2026) para los municipios oficialmente afectados.

Una ley especial tras el terremoto

La estrategia tendría tres etapas: la declaratoria de desastre mediante el Decreto 1171 de 2026; eventuales medidas extraordinarias si se cumplen las condiciones constitucionales; y una ley de mediano plazo que deberá tramitarse ante el Congreso de la República.

La duración variaría según cada medida: el subsidio a la nómina sería de 12 meses, prorrogable hasta 24; los alivios tributarios tendrían una vigencia de cinco años; y los créditos de reconstrucción podrían alcanzar los 15 años.

La iniciativa busca que el Congreso tramite la “Ley de Reactivación Económica, Turística y de Empleo de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 2026”. El documento advierte que, tras la emergencia inmediata, el riesgo es la pérdida de empresas, empleos, actividad turística y capacidad productiva en los territorios afectados.