El nuevo impuesto al patrimonio para empresas en Colombia encendió las alertas del sector productivo. La medida, adoptada mediante decretos en el marco de la emergencia económica, plantea efectos directos sobre la liquidez, la operación y la sostenibilidad de múltiples industrias, entre ellas el turismo, caracterizado por su alta carga de activos.
Consejo Gremial Nacional: empresas alertan por impuesto que golpea liquidez
Empresas advierten riesgos por impuesto al patrimonio pese a suspensión parcial. Impactaría liquidez, inversión y turismo en Colombia.
El impuesto al patrimonio en Colombia genera alerta en empresas por su impacto en la liquidez, la inversión y sectores como el turismo.
“Se está cobrando un impuesto sobre lo que tienen las empresas —no sobre lo que ganan—, lo que obliga a pagar incluso sin utilidades y genera presión sobre su flujo de caja”, advirtió el Consejo Gremial Nacional, del que hacen parte gremios como Cotelco, Anato y Fenalco, entre otros.
Un impuesto que presiona la liquidez empresarial
El impuesto al patrimonio grava los activos de las empresas, incluyendo bienes, inversiones y recursos disponibles. Según el gremio, la carga total se aproxima a $8.3 billones, una cifra que resulta difícil de asumir en el contexto actual.
A esto se suma un calendario de pago ajustado, que reduce la capacidad de planificación financiera. Como consecuencia, muchas compañías podrían verse obligadas a endeudarse, vender activos o aplazar proyectos, decisiones que impactan de manera directa su operación y estabilidad.
Suspensión parcial no elimina el impacto, advierte Fenalco
La reciente decisión de la Corte Constitucional de Colombia de suspender parcialmente el impuesto al patrimonio introdujo algunas exclusiones relevantes, como entidades sin ánimo de lucro y empresas en proceso de liquidación. Sin embargo, mantiene la obligación para compañías con altos niveles de capital.
Para Fenalco, la medida no corrige los problemas estructurales del tributo ni reduce sus efectos sobre la liquidez empresarial. El gremio advirtió que el impuesto sigue aplicándose sobre patrimonios no líquidos, lo que podría obligar a las empresas a vender activos o recurrir al endeudamiento para cumplir.
Asimismo, señaló que sectores como los servicios públicos podrían trasladar este costo a las tarifas, ampliando su impacto en la economía.
Dudas sobre su alcance y sustento legal
El sector empresarial también plantea inquietudes sobre la justificación de la medida. Se advierte que las decisiones tomadas en estados de emergencia deben responder de forma directa a la crisis que se busca atender, mientras que este impuesto podría estar relacionado con necesidades fiscales acumuladas.
Además, se cuestiona que un tributo de esta magnitud haya sido establecido por decreto, lo que limita el debate que normalmente corresponde al Congreso de la República en materia tributaria. En este contexto, y tras la decisión provisional de la Corte, los gremios insisten en que la medida no responde directamente a la emergencia.
El Consejo Gremial Nacional también advierte posibles impactos en la confianza, la seguridad jurídica y las expectativas de crecimiento del país. En ese sentido, mantiene su llamado a una revisión de fondo del impuesto, con el objetivo de evitar afectaciones al aparato productivo y al empleo.
Turismo: alta exposición por su estructura de activos
El turismo enfrenta una situación especialmente sensible. Su operación se apoya en activos de alto valor —como hoteles, infraestructura y logística—, lo que incrementa la base sobre la cual se calcula este impuesto.
En un sector condicionado por la estacionalidad de la demanda, asumir una carga fija sobre el patrimonio puede afectar la liquidez, restringir nuevas inversiones y obligar a ajustes operativos. Esto, a su vez, tendría efectos sobre el empleo, las cadenas productivas y la dinámica económica en los destinos.
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