“Estamos abordando el tema de la manera más objetiva posible”

-¿Hace cuánto están dándose estas conversaciones?
-Desde hace un año con Airbnb directamente. Y nosotros, como Ministerio, llevamos dos años abordando la situación de las plataformas. Este es un tema que tiene muchos intereses porque afecta varios sectores de la economía, no solamente los alojamientos. Nosotros vemos el tema como un todo: cómo nosotros como segmento de la economía nos tenemos que ir adecuando a las demandas del mercado y a lo que nos está pidiendo la demanda y los nuevos viajeros de todo el mundo, pero sin perder de vista la estabilidad de nuestro mercado interno y nuestros empresarios.

-¿Qué busca el Gobierno con las negociaciones?
-Queremos tener un sector formalizado, que es el propósito por el que hemos venido abogando todos estos años y en lo que hemos estado haciendo mayor énfasis en este último período. Eso es fundamentalmente lo que nos interesa a nosotros: que todos los prestadores se desenvuelvan en un marco y en unas condiciones similares equitativas para su éxito empresarial; queremos que la gente sienta que el Gobierno está detrás de ellos garantizando unas condiciones de mercado adecuadas. Esos son los temas grandes que nos preocupan. Lo otro que estaría dentro de ese marco es la protección de los derechos del consumidor. Buscamos que los usuarios de estos servicios siempre puedan tener la garantía de calidad del servicio que reciben y que no se sientan desprotegidos por el hecho de tratarse de una empresa que opera como una casa matriz por fuera de Colombia.

-¿Lo primero sería que Airbnb tenga un domicilio en Colombia?
-No necesariamente. Esa es una salida, pero existen otros mecanismos que les permiten a las empresas de afuera respaldar su trabajo en el país. Son aspectos que estamos revisando.

-¿Han identificado casos de otros países en la manera de trabajar con Airbnb?
-Parte del trabajo que hemos hecho es una especie de benchmarking de cómo se vienen realizando las actividades en otros países tanto de la región como en Europa y Estados Unidos. Hemos tomado estos casos para analizar a qué tipo de acuerdos llegaron y cómo se desempeñan las distintas entidades en cada uno de esos países. Sin embargo, cada país es muy diferente. España, por ejemplo, no tiene una normativa única, por lo que ha tenido que entrar en acuerdos en cada una de las provincias. Cada país va encontrando sus términos para establecer los acuerdos y es exactamente lo que estamos haciendo nosotros: tomando el marco general de cómo funciona la plataforma y mirando nuestro marco normativo para ver cómo se puede ajustar. Pero no podemos decir que estamos siguiendo la línea de uno u otro país porque cada caso es absolutamente diferente.

-En el debate hay dos grandes temas. Uno, la formalización de los prestadores. Y dos, las obligaciones fiscales de la plataforma. ¿Se están abordando las dos perspectivas?
-Primero, hay que aclarar que no todos los anunciantes de la plataforma son informales. Hay que tener mucho cuidado y por eso hablé al principio de ‘desestigmatizar' las plataformas, porque hoy en día muchos negocios han migrado a las plataformas como una manera de democratizar el acceso a sus servicios y de vincular nuevos prestadores. Entonces no es justo decir que todos los que se anuncian en las plataformas son informales, pero sí es uno de los aspectos que estamos revisando con todo el cuidado, y uno de los elementos claves: lograr que toda aquella persona o empresa que se anuncia ofreciendo servicios turísticos lo esté haciendo dentro del marco legal vigente, partiendo de nuestra herramienta básica que es el Registro Nacional de Turismo (RNT).

-¿Se considera la posibilidad de recaudar un impuesto turístico por parte de la plataforma?
-Si los prestadores que se anuncian dentro de las plataformas están formalizados tendrían que contribuir con los impuestos que le corresponde según su nivel, categoría y tipo de servicios que presten. Y la plataforma como tal también estaría en ese rango de contribuir con lo que le corresponde.

-¿Cómo reciben la solicitud de Cotelco de hacer parte de esta mesa de trabajo?
-Cotelco hace su trabajo de defender a sus agremiados, pero ésta es una tarea que nosotros como Ministerio tenemos que acordar desde un concepto mucho más amplio y no pensando solamente en los miembros de una asociación. Tenemos que pensar en toda la industria y en esa medida debemos considerar los demás sectores que se ven afectados o los que participan de este tipo de intercambios digitales de prestación de servicios turísticos. Y es así como lo estamos abordando, de la manera más objetiva posible; que beneficie a todos nuestros empresarios y que a la vez haga valer las normas de la legislación colombiana vigente.

-¿Este año habrá acuerdo con Airbnb?
-Yo pensaría que sí, las cosas van por muy buen camino. Vamos a una muy buena marcha y yo creería que muy pronto podemos tener muy buenas noticias.

-¿Mientras tanto continúan los controles a los prestadores que se promocionan en las plataformas?
-Sí, dentro del trabajo que hacemos en el grupo de protección al turista y las jornadas de formalización que tenemos a cargo, está también vigilar los prestadores que se anuncian en esas plataformas. Estamos haciendo seguimientos de manera aleatoria, porque desde el momento en que un prestador se anuncie con fines comerciales automáticamente se está convirtiendo en un sujeto de vigilancia por parte del Ministerio y tendría que tener su RNT.

MINCIT: “HEMOS TRABAJADO CONJUNTAMENTE CON LOS GREMIOS”

Ante la solicitud de Cotelco de participar en la mesa de conversaciones con Airbnb, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo afirmó en comunicado que viene trabajando desde 2016 con los gremios del sector turístico y otras entidades en la construcción de un marco normativo con reglas claras para todos los prestadores, pero sobre todo que permita la protección del consumidor y el bien general. Según el MinCIT, en el marco de estas conversaciones se adelantaron mesas de trabajo (dos en 2016 y una en 2017) sobre temas como formalización y calidad del sector turístico, en las que participaron organizaciones como Cotelco, Anato, Acodrés, Asotelca y Asobares, entre muchos otras. “El Ministerio ha tomado atenta nota de los comentarios y observaciones que han hecho al respecto los gremios, pues las conversaciones que se adelantan en las mesas de trabajo persiguen no solo regular la operación de Airbnb en el país, que es un solo prestador, sino construir la base de una regulación que facilite que todos los portales y prestadores de servicios turísticos digitales estén cobijados por el ordenamiento jurídico colombiano”, aseguró la ministra María Claudia Lacouture.