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Agencia de viajes bajo investigación por presuntas estafas: tres personas fueron imputadas por la Fiscalía

La presunta estafa de Golden Vacation, que habría afectado a cerca de 280 personas, sigue pendiente de decisión judicial en Colombia.

En pocas palabras

  • Estafa y Colombia: El caso de presuntas estafas de Golden Vacation en Colombia, con 280 personas afectadas entre 2015 y 2017, llegó a tribunales en 2026.
  • Imputaciones: Tres personas fueron imputadas por estafa agravada y concierto para delinquir, una de ellas en España, y se dictó medida de aseguramiento.
  • Proceso judicial: La Fiscalía solicitó la preclusión del proceso en julio, con una audiencia programada para el 20 de noviembre de 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI

Según la reconstrucción publicada por Vanguardia, medio de Bucaramanga que ha seguido el caso, las autoridades relacionaron 42 eventos y al menos 48 indagaciones, mientras que el número de personas afectadas se acerca a 280. El monto involucrado superaría los $533 millones. Estas cifras hacen parte de la investigación y no corresponden a una condena judicial.

Las denuncias contra Golden Vacation

La investigación recogió señalamientos según los cuales la agencia ofrecía viajes mediante diferentes canales de contacto y utilizaba promociones y descuentos para captar compradores. Los clientes realizaban los pagos y recibían documentación relacionada con los servicios contratados.

Según los casos recopilados durante la investigación, las dificultades aparecían posteriormente, cuando algunos viajeros intentaban utilizar los servicios adquiridos y encontraban inconvenientes con reservas, tiquetes u otros componentes de los paquetes. Asimismo, se registraron reclamos relacionados con la devolución del dinero.

Entre los casos citados se encuentra el de 115 integrantes de la Asociación de Empleados del Comité de Cafeteros del Cauca y un grupo de 54 estudiantes de un colegio de Ciénaga, Magdalena, que había contratado un viaje de grado.

Los reclamos, además, no comenzaron en 2026. Vanguardia ya había publicado en 2016 testimonios de clientes que señalaban presuntos incumplimientos. En uno de esos casos, un comprador afirmó haber pagado más de $10 millones y haber acudido a la Superintendencia de Industria y Comercio. El medio también informó que Latam verificó una de las reservas cuestionadas y señaló que no figuraba una reserva a nombre de los afectados para las fechas indicadas.

La imputación llegó en 2026

El 19 de mayo de 2026, la Fiscalía imputó cargos a Ingrit Liseth Gélvez Bedoya, Johann David Cárdenas Chávez y Giancarlo Cárdenas Chávez por los presuntos delitos de estafa agravada y concierto para delinquir. (Las estafas en aeropuertos que comprometen a pasajeros inocentes)

La diligencia se realizó ante el Juzgado 11 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga, que les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La información fue reportada por Vanguardia, Blu Radio y El Tiempo.

Para ese momento, los tres se encontraban fuera de Colombia y participaron virtualmente en las diligencias. Dos de ellos estaban en España. Según Vanguardia, las autoridades colombianas adelantaban gestiones para hacer efectiva la medida de aseguramiento.

Una víctima los ubicó en Valencia

La presencia de dos de los investigados en España ya había aparecido durante las actuaciones relacionadas con el caso. Una de las víctimas viajó a Valencia y consiguió ubicarlos allí. Esa información fue posteriormente utilizada por las autoridades colombianas dentro de la investigación, con participación de la Dirección de Asuntos Internacionales, el Consulado de Colombia en Valencia y el CTI.

El hallazgo adquirió relevancia nuevamente meses después, debido a una investigación periodística publicada por Cambio sobre las actividades que desarrollan ambos en España.

El vínculo con IMM Consulting

El medio ubicó a Gélvez Bedoya y Cárdenas Chávez vinculados a IMM Consulting, firma con sede en Valencia que ofrece servicios relacionados con extranjería, residencia, nacionalidad, visados y otros trámites migratorios y jurídicos.

Como parte de su investigación, Cambio también revisó información empresarial relacionada con ambos y señaló vínculos con sociedades constituidas en Valencia. Entre ellas mencionó Grupo IMM Cárdenas Gélvez S.L., constituida en 2021, y Gélvez Cárdenas & Asociados S.L., constituida en 2022 y cuyo objeto social incluye actividades jurídicas.

La investigación también recoge reclamos publicados en internet por clientes de IMM Consulting, algunos de ellos desde 2024. Las opiniones citadas hacen referencia a pagos anticipados, demoras en trámites, falta de respuesta y dificultades para recuperar dinero. Además, una exempleada entrevistada por Cambio aseguró haber atendido reclamos de clientes y señaló que algunos casos por los que se habían realizado pagos no figuraban, según su testimonio, en el sistema interno de la firma.

Estos elementos corresponden a reclamos y testimonios recogidos periodísticamente y no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial de responsabilidad en España. Tampoco se encontró una comunicación oficial española que confirme una investigación penal contra la firma o los dos involucrados por estos señalamientos.

El proceso sigue pendiente en Colombia

Tras la imputación y la medida de aseguramiento, Cambio informó que la Fiscalía solicitó en julio la preclusión del proceso contra los tres imputados. La petición aún no ha sido resuelta y, según lo publicado por el medio, una audiencia para estudiarla está prevista para el 20 de noviembre de 2026.

La consulta de procesos de la Rama Judicial permite identificar, además, un trámite registrado como “preclusión sin preso” ante el Juzgado 12 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga. El registro confirma la existencia del trámite, aunque no permite conocer la causal planteada por la Fiscalía ni anticipar la decisión judicial.

Por ahora, los tres involucrados continúan en condición de imputados y no han sido condenados por estos hechos. En España, los reclamos mencionados forman parte de una investigación periodística y no permiten afirmar que exista una nueva estafa judicialmente comprobada.

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