El Consejo Municipal de Bariloche aprobó por unanimidad una serie de modificaciones a la ordenanza que intentaba regular los alquileres de inmuebles con fines turísticos.
En resumidas cuentas, la ciudad adaptó a su normativa lo dictado por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que redujo en agosto de seis a tres meses el plazo habilitado para arrendar un departamento o casa a turistas. Y lo propio hace con la ley 27.221 de noviembre pasado, que determina que la actividad se regirá por las normas aplicables al contrato de hospedaje.
Bariloche ya era una de las ciudades del país con mayor legislación al respecto. De hecho, restringe a tres unidades el límite máximo permitido a cada propietario, establece una serie de requisitos básicos para su habilitación y cuenta formalmente con un registro de dichos inmuebles.
"Es un pequeño paso que esperamos, con una buena fiscalización, termine con los contratos leoninos y garantice la seguridad de los turistas", señaló el presidente del Consejo, Diego Benítez.
Bariloche readapta la regulación de los alquileres turísticos
La ciudad adaptó la ordenanza que regula los alquileres de inmuebles con fines turísticos a lo dictado por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que redujo de seis a tres meses el plazo habilitado para arrendar un departamento o casa a turistas.
FUNDAMENTOS.
Los fundamentos con los cuales se impulsó la aprobación de la ordenanza fueron particularmente duros contra el alquiler de inmuebles con fines turísticos: "Son un recurso muy buscado, pero en muchas comunidades han distorsionado el mercado inmobiliario cuando se sacaron inmuebles disponibles para el alquiler a familias residentes para reservárselos a turistas". La norma habla de un aumento de los valores y la desprotección de los barilochenses que se veían empujados a firmar contratos de seis meses. Pero también se aludió al hecho de que los robos en departamentos de alquiler son la cuarta mayor queja para los extranjeros que visitan el país, según el informe anual de la Asociación Argentina de Derecho del Turismo (Aadetur).
Según datos de la Fehgra, son 600 mil plazas de alquileres temporarios informales en Argentina, que no tributan más de US$ 1.000 millones de ingresos y dejan fuera del sistema a más de 150 mil empleados.
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