¿Una vez más, la transición del modelo de pasaportes no iniciará a tiempo?

El objeto del contrato establece que la Imprenta Nacional será responsable de producir, personalizar, custodiar y distribuir las libretas de pasaporte, así como de imprimir, almacenar y entregar las etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica, a precios unitarios definidos, para el Fondo Rotatorio de la Cancillería.

Alcances contractuales, marco legal y una transición aún incompleta

De acuerdo con el clausulado, el contrato suscrito entre la Cancillería y la Imprenta Nacional contempla la producción y personalización de las libretas de pasaporte, su entrega mensual conforme a la demanda, y el cumplimiento de estándares legales e internacionales de calidad y seguridad. El esquema de pagos será mensual, previa aprobación de los servicios efectivamente prestados, conforme al Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), y prevé la posibilidad de liberar saldos no ejecutados si el supervisor certifica que ciertos recursos no serán utilizados durante la vigencia contractual.

Desde el punto de vista jurídico, el acuerdo se ampara en el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 de 2007, que permite la celebración de convenios interadministrativos sin licitación cuando el objeto está directamente relacionado con las funciones legales de las entidades. Adicionalmente, se sustenta en el Decreto 1099 de 2025, que otorgó a la Imprenta Nacional facultades plenas para fabricar pasaportes y otros documentos migratorios, aunque mantiene excepciones que habilitan la contratación con terceros si la entidad no puede atender la demanda o si existen mejores condiciones en el mercado.

Este nuevo contrato se inscribe en un proceso marcado por tropiezos previos. Las dos licitaciones iniciales para la elaboración de pasaportes fueron declaradas desiertas, en medio de advertencias de la Procuraduría y denuncias de presuntas irregularidades, lo que derivó en la destitución del entonces canciller Álvaro Leyva. Tras la crisis, el Gobierno optó por estatizar la producción, desplazando a Thomas Greg & Sons, empresa que durante más de 18 años operó el servicio mediante prórrogas sucesivas, decisión que el presidente Gustavo Petro defendió bajo el argumento de recuperar el control estatal de los datos sensibles de los ciudadanos. (Otra vez en el ojo del huracán: Procuraduría pone en jaque el contrato de pasaportes).

Para suplir la falta de experiencia técnica de la Imprenta Nacional, la Cancillería firmó un convenio con la Casa de la Moneda de Portugal, que deberá entrar en vigencia el 1° de abril, con transferencia de conocimiento, soporte técnico y capacitación especializada. No obstante, la Procuraduría advirtió que los costos del nuevo esquema superan ampliamente los contratos anteriores, sin estudios técnicos concluyentes que los respalden. A ello se suma que, en julio, la Cancillería solicitó una adición de $15.791 millones al contrato vigente con Thomas Greg & Sons, elevándolo a $222.670 millones y extendiéndolo hasta el 31 de agosto de 2025.

En la práctica, Thomas Greg continuará expidiendo pasaportes hasta el 1° de abril de 2026, fecha en la que debería iniciar plenamente el nuevo modelo estatal. (Pasaportes: Cancillería mantiene a Thomas Greg en el proceso de expedición, ¿hasta cuándo?).

¿Transición definitiva o nueva prórroga?

Aunque el Gobierno insiste en que no habrá desabastecimiento y que la producción avanza con normalidad, el nuevo contrato interadministrativo, la entrada gradual del soporte portugués y la permanencia del operador privado evidencian una transición prolongada y aún incompleta. (En medio de la polémica, la Cancillería se pronuncia sobre el nuevo modelo de pasaportes).

En ese escenario, el interrogante sigue vigente: ¿el contrato por $185.374 millones con la Imprenta Nacional consolida definitivamente la producción estatal de pasaportes o prepara el terreno para una nueva prórroga con Thomas Greg & Sons?