OPINIÓN

Óscar Rueda García: ojo con la ley

Lo malo de los incentivos, siendo buenos, es que duran un año; lo malo de las nuevas sanciones es que serán para toda la vida de la nueva ley, dijo Óscar Rueda

Óscar Rueda en su nueva entrega: como no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, está por llegar en estos días la nueva Ley de Turismo, una vez pase el segundo debate en las sesiones plenarias de Senado y Cámara

Estaba anunciada desde principios del año pasado, pero después de la rueda de prensa de lanzamiento desapareció el impulso, y ahora con motivo de la pandemia se retomó con otras líneas. Mezcla de buenas intenciones, contemplando estímulos para la baja demanda turística como la disminución, exclusiones o exenciones de IVA, Impoconsumos y tasas, que solo se espera que no se vuelvan nugatorias por aumentos de precios de tal manera que para el usuario signifique nada, tentación en la que es fácil caer porque al fin y al cabo el sector lleva ocho meses sin ingresos, pero que sería como pegarse “un tiro en el pie”; creando incentivos para proyectos de salud para la tercera edad (se propuso también para el turismo que se podría generar con el teletrabajo, pero no hubo eco), prorrogando los impuestos de renta al 9% para las nuevas inversiones en hotelería, muelles náuticos y parques temáticos, justa medida por este año muerto y el medio muerto que viene, y claro, no podían faltar las nuevas definiciones, como la de turismo de reuniones: “un espacio de encuentro y socialización para hacer negocios, conocerse y compartir”.

Que quede claro, el proyecto trae cosas buenas, un buen esfuerzo del ministro Restrepo, su equipo y congresistas por traer remedios a la carrera para el mal que aqueja a este sector más que a otros.

Se extiende el IVA del 5% para boletos aéreos hasta 2021, incluyendo servicios conexos y tarifas administrativas y la exclusión del IVA para los servicios de hotelería y turismo que se convertiría en exención, mucho mejor pues ser se podrán descontar IVA pagados (la hotelería no estaba entusiasmada con la exclusión), alivio este último en el que se aclara que “turismo” incluye todos las funciones de los prestadores; se aplicará la exclusión extendida a la venta de artesanías (deberían estar exentas permanentemente, como apoyo a este sector cultural y turístico, ¿no?) y a las franquicias de comidas y bebidas preparadas.

El impuesto nacional al consumo para restaurantes y bares dejará de cobrarse temporalmente (después, en 2022, debería ser IVA reducido para que, igual, puedan compensar).

La exención de sobretasa de Energía a hoteles y parques de atracciones se prorroga igualmente, aunque sigo sin entender el porqué de esa discriminación para el sector turístico cuando la sobretasa se eliminó hace años para el resto de la industria y el presidente Duque se ha comprometido, pública y reiteradamente, a hacer lo justo, pero ahí sigue. Pero, claro, celebramos el alivio.

Muy bueno también tratar de cumplir el cometido del viceministro Guerrero de “todos en el suelo o todos en la cama” al legislar sobre las plataformas electrónicas (¿y “digitales”?) de servicios turísticos -en la práctica agencias de viajes online- que amparadas en que operan desde el exterior no cumplen las obligaciones legales que sí acatan las que hacen lo mismo, pero operan desde Colombia generando empleo.

Sin embargo, se le va la mano a la ley al convertir las “plataformas” en vigilantes del Registro Nacional de Turismo, calificando de publicidad engañosa si a algún prestador -anunciante- le suspenden o no renueva el RNT y la plataforma no le da de baja inmediata. El castigo debe ser para quien se mantiene anunciando sin tener vigente el RNT, no para el medio, sería tanto como si sancionaran a El Tiempo por publicar avisos de prestadores con el RNT vencido o suspendido.

Los guías de turismo, y el turismo se va a ver afectado, sufren un “capitis deminutio”, ya no se exigirá el bilingüismo, ni título a nivel tecnológico, sino podrán ser registrados como guías por el sistema de “competencias”, sin estudios. Bien encontrar una solución para los baqueanos, pero sin sacrificar la calidad de quien tiene más contacto con el turista y es la primera imagen turística del país.

Pero, volviendo a los incentivos, pareciera que “no hay almuerzo gratis” pues la cuasi ley trae también unos nuevos castigos: a la agencia de viajes la pone a responder por el valor de los boletos aéreos de la aerolínea que desaparece sin prestar los servicios, lo que podría llevar a la quiebra también a la agencia, y para todos los prestadores, pasar de pagar multas de “hasta 50 salarios mínimos” a ¡“hasta 2.000”! es decir un hotel podría ser multado por no renovar a tiempo el Registro, o no enviar una información solicitada, hasta por $ 1.600 millones, cuando hoy el límite es $ 40 millones; el representante legal de una de estas empresas que cometa cualquiera infracción, una vez por año, durante menos de tres años, no podrá registrarse como representante legal de un nuevo prestador de servicios turísticos en los siguientes tres años (¡pero sí podrá seguir siéndolo de la empresa sancionada!)

Lo malo de los incentivos, siendo buenos, es que duran un año; lo malo de las nuevas sanciones es que serán para toda la vida de la nueva ley.

Y para cerrar, para atender los gastos de control de la capacidad de carga de los atractivos turísticos (¡muy bueno que se impongan esos límites de uso!) la futura ley autoriza a los Consejos municipales o Distritales, o a la Asamblea de San Andrés, a fijar una tarifa de ingreso, a una playa, por ejemplo, o a Caño Cristales, de hasta $ 60 mil por visitante (hasta dos salarios mínimos diarios), grave tentación y grave riesgo de matar la gallina.

La ley trae cosas buenas, abonada la intención, pero también cambios como los relacionados con responsabilidades y sanciones, en donde va a ser peor el remedio que la enfermedad. Igual hay tiempo de mejorar y hacer la ley en que todos, consumidores y prestadores, sientan que si es un estímulo y un alivio.

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